Aquí el texto completo.
Con relación a la información que en los últimos días se ha venido manejando en algunos medios de comunicación, proporcionada por terceras personas de manera sesgada y descontextualizada, con el único fin de causar confusión entre la comunidad chihuahuense además de lesionar el prestigio de esta noble institución educativa para satisfacer sus fines meramente personales, a consecuencia del proceso de sucesión que está próximo a iniciar al interior de esta casa de estudios, se considera oportuno realizar las siguientes precisiones:
Por lo que respecta al supuesto desvío de 27.4 millones de pesos de naturaleza federal para el pago de prestaciones al personal universitario, se señala que dicha cifra surge de una observación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, comentándose que una auditoría cuenta con diversas etapas y que todas ellas se han atendido por esta Universidad de acuerdo a la legislación aplicable, en la forma y en los plazos señalados para tal efecto.
Como antecedente, se hace de su conocimiento que en la Universidad Autónoma de Chihuahua existen tres tipos de prestaciones desde hace muchos años, no creadas de manera reciente sino concedidas a los trabajadores tiempo atrás, son las prestaciones ligadas a salario reconocidas por los Contratos Colectivos de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo (prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad); las prestaciones no ligadas a salario, también reconocidas por los Contratos Colectivos de Trabajo (bono de despensa, apoyo a vivienda, bono de transporte, bono de uniforme, bono de material didáctico, quinquenios administrativos, canastillas para bebés, días económicos, etc.) y las prestaciones no ligadas que no aparecen de manera expresa en los Contratos Colectivos de Trabajo pero que integran el sueldo de los trabajadores, como son las compensaciones por horarios extendidos o por actividades complementarias.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, se tuvo la etapa de Aclaración, en la que se solicitó a la UACH que presentara evidencia contable de que para el pago de prestaciones no ligadas a salario y no reconocidas por los Contratos Colectivos de Trabajo no fue aplicado subsidio federal, dado que en su concepto tales prestaciones no estaban contempladas en el Convenio de Apoyo Financiero celebrado con la SEP en el año 2013 para la entrega y ejercicio de dicho subsidio.
Toda vez que la UACH en 2013, dada su capacidad técnica en ese momento, aún no contaba con un Sistema Contable que estuviera íntegramente ligado a la contabilidad gubernamental y que, por ende, distinguiera el origen del recurso aplicado a los pagos, proporcionó información que en su concepto permitía acreditar que el recurso que se aplicó fue propio, es decir, generado por la UACH y no de origen federal, exhibiendo a la par el aval de la SEP en cuanto a la posibilidad que tiene esta casa de estudios para fijar sus propias prestaciones de acuerdo a sus requerimientos y en el que además manifiesta que el subsidio otorgado mediante convenio es una simple referencia a aplicarse para el pago de todos los servicios personales de la institución.
Ante tal información, la ASF sostiene que la acreditación debe ser contable o documental en cuanto a la aplicación directa del recurso propio, por lo que pasa a la siguiente etapa, que es el pliego de observación, misma que se está atendiendo para integrar la documentación requerida y así, llegar a su solventación.
En este momento no hay una determinación final por parte del órgano fiscalizador que, si bien es cierto ordena, aparejado a la solventación, una investigación respecto del presunto responsable para determinar si se debe iniciar o no un procedimiento disciplinario, esta es otra etapa que igualmente se encuentra en desahogo sin contar a la fecha con resolución.
El tema no es de desvío de recursos como se ha querido hacer parecer, es una cuestión eminentemente técnica de atender ante la Auditoría Superior de la Federación el requerimiento de comprobar la naturaleza del recurso aplicado; tampoco es un tema de si se debieron pagar o no las prestaciones avaladas por la SEP y existentes desde hace años y, en ese escenario, debemos ser cuidadosos de no lastimar a una institución por meros intereses de unas cuantas personas que aspiran a asumir un honroso cargo que exige de ellos una conducta pública acorde a los valores universitarios, desde todos los enfoques posibles.
Ahora bien, en lo tocante a las supuestas irregularidades observadas por la Auditoría Superior del Estado por el mismo ejercicio 2013, basta con señalar que dicha cuenta ya se encuentra aprobada por unanimidad por el H. Congreso del Estado de Chihuahua mediante Decreto No. 825/2014 I P.O. de fecha 16 de diciembre de 2014, y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 2 el día 7 de enero de 2015, en el que se señala expresamente que no se determinaron observaciones en el ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar responsabilidad alguna, sin que ningún particular esté legitimado para poner en duda el trabajo de los órganos técnicos especializados en la materia.
Tengan la certeza de que el trabajo de miles de chihuahuenses al servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua se está llevando a cabo en apego a los principios de legalidad y transparencia, reiteramos la importancia de que la opinión pública no se preste a la manipulación de unos cuantos que con su actuar y su mero dicho, carente de sustento, le faltan al respeto a la institución que pretenden dirigir, así como a toda la comunidad que la conforma.
No debemos olvidar que esta institución se dedica a formar a los jóvenes que impulsarán el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país; caer en falsas percepciones ocasionadas desde individualismos injustificados, sin lugar a dudas, pone en riesgo esa labor.
