Chihuahua.- Tras un operativo de inteligencia e investigación, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones de Derechos Humanos llevo a cabo la localización y detención de dos presuntos implicados en la desaparición forzada de Cruz Soto Cruz, integrante del colectivo de familias desplazadas de la Sierra Tarahumara.

La orden de aprehensión fue librada por un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua por el delito de Desaparición Forzada de Personas y cumplimentada dentro del territorio de Sonora, en coordinación con las autoridades ministeriales de aquella entidad.

Los detenidos son Paulino M. R. y Samuel Alejandro B. G., de 51 y 28 años de edad respectivamente.

De acuerdo con  lo expresado en rueda de prensa por el Fiscal General del Estado Cesar Augusto Peniche Espejel, durante las investigaciones se reveló que el detenido Paulino  M. R. se desempeñaba como Director de Seguridad Pública en el municipio de Guazapares al momento de los hechos y actualmente trabajaba en la policía municipal de Navojoa, Sonora.

Cruz Soto Cruz, fue privado de su libertad el pasado 13 de octubre cuando circulaba por el Municipio de Guazapares, ubicado en las inmediaciones de la Sierra Madre Occidental.

Tras registrarse el hecho, la Fiscalía General del Estado activó una serie de operativos por aire y tierra que se mantuvieron hasta el 20 de octubre del 2019, fecha en que fue localizado el cuerpo sin vida del afectado.

Luego de las investigaciones practicadas, se consiguió documentar los instrumentos y vehículos utilizados, así como la identidad y participación de los ahora detenidos para finalmente esclarecer este hecho.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de Chihuahua, y en las próximas horas serán presentados ante un Tribunal de Control para formularles imputación por el delito de Desaparición Forzada de Personas cometido en perjuicio de Cruz Soto Cruz.

Cabe destacar, que la Fiscalía General del Estado mantiene su compromiso y responsabilidad en el esclarecimiento de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, como los casos de los activistas Isidro Baldenegro, Julián Carrillo y Juan Ontiveros, todos ellos resueltos con personas detenidas y llevadas ante los Tribunales del estado.

La Fiscalía General del Estado, continuará trabajando con el diseño de estrategias que contribuyan al restablecimiento de las condiciones de paz y seguridad de los grupos de mayor vulnerabilidad.