LA desaparición de un policía municipal terminó convertida en un incómodo silencio oficial. Primero hubo alerta, preocupación y movilización; después apareció detenido en Estados Unidos y, desde entonces, la corporación decidió esconder la información bajo llave.
Lo preocupante no es solo la detención del agente, sino la opacidad con la que la Policía Municipal ha manejado el caso. Cuando se trata de un elemento encargado de custodiar funcionarios públicos, el mínimo esperado es transparencia, no evasivas ni mutismo institucional.
Y es que la Policía Municipal no ha querido dar información del caso del agente que primero fue reportado desaparecido y luego fue hallado detenido en la ciudad de El Paso, Texas, el pasado mes de enero.
A principios del mes del pasado mes de enero, se reportó la desaparición del policía Luis Alberto M., S., quien estaba asignado a la custodia de funcionarios municipales.
Días después, se supo que el policía estaba detenido en los Estados Unidos, a donde había viajado, en sus días de descanso, para comprar una autoparte.
Desde entonces la Policía Municipal no ha informado el motivo de la detención, solo se dio a conocer que el caso estaba en manos del Órgano de Control Interno.
Se pidió información al director de la corporación, Julio Salas, con respecto al caso pero no hubo respuesta.
EN la Secretaría de Salud no solo faltan medicinas, también parece faltar vergüenza al quedar exhibido un caso de hostigamiento sexual y acoso laboral.
Con ello, queda retratada como una institución donde el poder se usa para intimidar y el silencio administrativo funciona como cómplice ya que el secretario de Salud de Chihuahua, Gilberto Baeza parece ignorar hasta las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se detalla porque en muchas oficinas públicas el problema no es únicamente el acosador, sino quienes lo protegen, lo toleran o simplemente lo dejan operar impunemente.
Al grano. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 5s.1.006/2026 dirigida a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, luego de acreditar actos de hostigamiento sexual y acoso laboral en contra de una trabajadora de la dependencia.
De acuerdo con el documento, la quejosa denunció conductas presuntamente cometidas por un directivo identificado como “C”, relacionadas con comentarios de índole sexual, insinuaciones y acciones ocurridas dentro del entorno laboral.
La resolución establece que existieron afectaciones psicológicas derivadas de los hechos denunciados y señala que las conductas ocurrieron en un contexto de subordinación laboral. Además, la CEDH indicó que la Secretaría de Salud deberá iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad contra la persona señalada como agresora.
Entre las medidas recomendadas también se incluye la restitución de derechos de la víctima y la implementación de acciones acordes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El oficio fue emitido el 21 de abril de 2026 y está dirigido también a la Fiscalía General del Estado, así como a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado.
Lo más grave no es únicamente el comportamiento del directivo señalado. Lo verdaderamente podrido es que tuvo que intervenir Derechos Humanos para obligar a la dependencia a hacer lo que debió hacer desde el primer momento: proteger a su personal. Porque cuando una institución necesita que le recuerden por oficio que no se debe acosar, el problema ya no es individual… es institucional.
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