Juárez.- Por orden de la Procuraduría General de la República (PGR), inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ingresaron al rancho La Mojina, propiedad de Joel LeBarón, para verificar las denuncias sobre la perforación ilegal de al menos 11 pozos de agua en una zona de veda.
La organización campesina El Barzón informó que el cateo al rancho, ubicado en el ejido Constitución, municipio de Buenaventura, se llevó a cabo el fin de semana. A la familia se le imputa la explotación ilegal de pozos en la cuenca del Río del Carmen.
Personal de la Comisión Naciolan del Agua ya había comprobado hacía meses que los pozos fueron perforados sin permiso en zona de veda, pero hace unos días llegó personal de la Semarnat y de la Profepa para verificar la denuncia que se presentó ante la PGR, destacó El Barzón.
Añadió que se tomaron como base las denuncias previas de productores ante la PGR sobre excavaciones realizadas al amparo de concesiones apócrifas.
Los campesinos dijeron desconocer el resultado de la revisión, pero confiaron en que la PGR haya reunido suficientes elementos para asegurar ese predio de 200 hectáreas de nogales, en una zona de pastizales donde no está permitida la actividad agrícola. Hemos pedido que les impidan seguir explotando agua mientras se resuelve el expediente, manifestó la organización campesina.
Los barzonistas se reunieron en la Ciudad de México con autoridades federales después de un enfrentamiento con los LeBarón ocurrido el 30 de abril, en el cual se usaron armas de fuego.
En esa ocasión unos 500 labriegos de los ejidos Benito Juárez y Constitución, municipio de Buenaventura, acudieron al rancho La Mojina con la intención de clausurar al menos nueve pozos utilizados para regar 28 mil árboles de nogal, pero los recibieron a balazos.
En la reunión estuvieron César Augusto Peniche Espejel, fiscal general de Chihuahua; Roberto Fuentes Rascón, coordinador de asesores del gobierno de Javier Corral; representantes de organizaciones civiles, personal de la Conagua y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) para tratar de solucionar la lucha por el agua con respeto a los productores que poseen derechos legales en esa región. (Con infomación de La Jornada)
