EN su discurso institucional, el CECyTECH presume tener una “visión de garantizar el respeto a los Derechos Humanos, mediante la profesionalización y capacitación docente”. Pero la realidad —como en tantas escuelas públicas— está muy lejos de ese texto bonito que cuelga en las paredes. El caso de Carlos Daniel Rodríguez Sáenz, el joven estudiante que perdió la vista por realizar una tarea de química en su casa, expone con crudeza la simulación con la que opera esta institución. Un sistema que, en vez de proteger, abandona a sus alumnos cuando más los necesitan.
Todo comenzó con una práctica escolar: fundir aluminio para fabricar tornos, un experimento que debería haberse hecho en un laboratorio, bajo supervisión y con material de seguridad. Pero no. En el CECyTECH los estudiantes no tienen ni guantes, ni lentes, ni el equipo básico. Así lo confirmó la madre del joven, quien con impotencia relató que la escuela carece de todo lo esencial para resguardar la integridad de sus alumnos.
El colmo fue que, a pesar de que Carlos Daniel concluyó exitosamente su carrera técnica en junio pasado, la institución le retiró el servicio médico justo después, dejándolo en el abandono total. Un año y medio de indiferencia, un silencio que duele más que las cicatrices.
La madre, entre lágrimas, lo dijo claro y sin rodeos:
“Para el CECyTECH mi hijo se cayó, se raspó la rodilla, se levantó y siguió adelante, no pasó nada. Nada pasó.”
Cada palabra suya es un golpe a la conciencia institucional. Con esas frases, resumió el desprecio burocrático con el que se trató la tragedia de su hijo. Y no se quedó callada. También denunció con valentía lo que muchos dentro del sistema educativo prefieren ocultar:
“Demandé a la escuela por falta de atención. La escuela necesitaba guantes, lentes, para esas prácticas, y supervisión, y no se dieron. Tampoco tienen personal capacitado. En esa escuela han pasado tantos accidentes que nadie habla, nadie dice nada.”
Esa frase —“nadie dice nada”— es el reflejo de un sistema que calla por miedo, que maquilla los errores con comunicados fríos y promesas vacías.
Hoy, el CECyTECH enfrenta no solo una demanda legal, sino también una condena moral. Porque mientras sus directivos repiten su “visión institucional” en actos protocolarios, en la realidad hay un joven que ya no puede ver el mundo por culpa de su negligencia. Y ante eso, no hay discurso que alcance.
ANTES que votar en contra de un exhorto para solicitar a la gobernadora Maru Campos garantizar la pensión a personas con discapacidad, presentado por la diputada de Morena Elizabeth Guzmán, legisladores “prianistas” dijeron patitas para qué las quiero y abandonaron la sesión. El miedo no anda en burro, dicen, y quizá no quisieron que las porras que recibió la diputada morenista al presentar la propuesta se convirtieran en gritos y reclamos al rechazarlo. Por eso, antes de la votación solo había 13 legisladores, entre ellos los enamorados Alfredo Chávez y Carla Rivas del PAN, los demás, simplemente se fueron, de algunos, como la diputada Edna Xóchitl Contreras se supo que “andaba comiendo”, como si fuera tanta su hambre como para no esperar. Diez minutos se dictó de receso a ver si los ausentes volvían, pero no lo hicieron y aunque uno que otro regresó, como Octavio Borunda del Verde cuando ya se tocaba la campana, simplemente no sucedió y el exhorto se dejará, si acaso, para una ocasión posterior.
DEJANDO fuera delitos sexuales y feminicidio, y actos de corrupción, el Congreso del Estado aprobó por mayoría, con cuatro legisladores ausentes, crear la Ley de Indulto del Estado, para reglamentar cómo la gobernadora o el gobernador puede otorgar indultos a personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, priorizando casos de vulnerabilidad.
Con integrantes de colectivos y trabajadoras de Gobierno del Estado presentes, el dictamen fue presentado por la diputada Xóchitl Contreras a nombre de la Comisión de Justicia del Congreso, luego de que la gobernadora del Estado María Eugenia Campos, envió la iniciativa apenas en este agosto con el nombre de Beatriz, una mujer rarámuri condenada sin traductor ni defensa adecuada, víctima de un sistema que no entendió su lengua, su pobreza ni su contexto.
La reforma también incluye cambios al Código Penal del Estado, eliminando la fracción III del artículo 91 bis y modificando el segundo párrafo del artículo 103, para flexibilizar las restricciones y permitir que el Ejecutivo ejerza esta facultad con criterios humanitarios y respetando los derechos humanos.
La ley establece un procedimiento claro para solicitar el indulto, que puede ser presentado por la persona sentenciada, su defensor o familiares, tras lo que el Ejecutivo recibirá el análisis de un Comité Técnico integrado por la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica, con apoyo de especialistas en derechos humanos y reinserción social.
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