EN Chihuahua hay encuestas que no preguntan, solo confirman. Y cuando eso pasa, más que medición de opinión pública, lo que se tiene enfrente es propaganda disfrazada de participación ciudadana.
Y es que una encuesta telefónica se está realizando en Chihuahua en la que el único posible candidato es Santiago de la Peña, entonces la lleva de ganar por todos lados.
Es mediante una grabación en la que se informa que “Chago de la Peña”, actual secretario general de gobierno de Chihuahua, fue invitado a la reunión nacional del PAN por el presidente nacional de ese partido Jorge Romero, luego dan las opciones a elegir, que son tres.
Una opción es que si se considera que “Chago” sea el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua; otra que si debe de afiliarse al PAN y la última es que si como ciudadano pueda ser el candidato de PAN.
Dicha llamada que circula deja poco margen a la duda: una grabación que presenta a Santiago de la Peña —o “Chago”, en tono cercano— como figura central, arropado por la mención de Jorge Romero y una reunión nacional del Partido Acción Nacional. El mensaje no es sutil: posicionar antes de preguntar.
Este tipo de ejercicios no buscan medir preferencias, buscan sembrarlas. Porque cuando al ciudadano se le presenta una sola cara repetida bajo diferentes disfraces, el mensaje de fondo es claro: “es el único viable”. Y esa narrativa, repetida lo suficiente, termina por convertirse en realidad para muchos.
Eso no le agrada en nada al fiscal general del Estado, César Jáuregui, quien es el más posicionado en las encuestas a la presidencia, sin contar a los demás que no tienen nada que hacer en la carrera más que dar lastimas.
AYER en Cabildo de Chihuahua se solicitó al Gobierno Federal frenar la cancelación de autorizaciones a organizaciones civiles para recibir donativos, al advertir que la medida afecta a cientos de asociaciones en el país y pone en riesgo su operación.
Y es que cuando gobierno aprieta, rara vez lo hace donde más duele… hasta que lo hace. Y esta vez, el golpe no cae sobre grandes consorcios ni estructuras opacas, sino sobre organizaciones civiles que, con todo y sus limitaciones, han terminado haciendo el trabajo que el propio Estado no alcanza a cubrir.
La cancelación masiva de autorizaciones para recibir donativos no es un simple trámite administrativo; es, en los hechos, una forma de asfixia. Se corta todo lo financiero bajo el argumento de “cumplimiento de requisitos”, se está construyendo un filtro que, más que depurar, parece diseñado para excluir.
El golpe es doble: no solo se pone en riesgo la operación diaria de estas asociaciones, sino que se les obliga, en caso de no recuperar su estatus, a entregar su patrimonio. Años de trabajo, redes comunitarias, infraestructura social… todo puede terminar transferido como si se tratara de activos sin historia ni impacto.
Si la intención es limpiar, que se limpie con bisturí, no con machete. Porque en el intento de corregir excesos, se corre el riesgo de desmantelar lo poco que aún sostiene a miles de personas fuera del radar oficial.