Chihuahua.- Aduciendo que un grupo de asociaciones civiles y religiosas le hizo llegar un pliego petitorio “preocupados por el ataque a la figura de la familia”, el diputado Misael Máynez aprovechó el tema para chantajear a sus compañeros legisladores para que le aprueben sus iniciativas.
A manera de poeta chafa con voz quebrada y todo, les recordó que “nuestra fortaleza es la familia y es en ella que encontramos nuestro hogar y los recuerdos más profundos están sembrados ahí, donde el corazón ríe sin timidez y las lágrimas se secan por si solas”.
Además de lamentar y reprobar “la degradación en la concepción de la familia en los últimos años, dejando como víctimas a niños y niñas que no buscaban nacer entre los conflictos actuales que atraviesa la institución familiar”, les invitó a reflexionar sobre si “¿permitiremos que el futuro de nuestro estado, pero sobre todo el de nuestro país se vea afectado por no saber manejar una buena legislación familiar?, ¿permitiremos que nuestros niños y niñas sigan creciendo en un ambiente insano?, ¿qué tanta importancia tiene su familia para que hoy sean quienes ustedes son?”, olvidando que hay diputados que apenas pueden hilar una idea coherente, menos se les dará la filosofía.
Todo esto, para “compartir con los chihuahuenses y los dignos representantes de asociaciones civiles, religiosas, de movimientos y colectivos sociales, que he presentado cuatro iniciativas con la única intención del fortalecimiento familiar”, que aún siguen en análisis y que detalló pidiendo se aprueben cuanto antes.
Entre las propuestas que mencionó está la iniciativa número 295 que tiene como finalidad reformar los artículos 4 y 25 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de fomentar, difundir y concientizar sobre el uso de las herramientas jurídicas, y los diversos acuerdos internacionales sobre los derechos universales de las mujeres; la 1124 para la expedición de la ley estatal de la familia, que contempla la creación de un consejo estatal de la familia en la cual intervendrán representantes de la sociedad civil, quienes decidirán la implementación de políticas públicas en materia de familia y su fortalecimiento en el estado, es decir, dejarle a la sociedad esta decisión, cuando dentro de la misma sociedad hay distintos puntos de vista, conocimientos, sensibilidad e intereses.
