La CIDH elevó el caso por considerar que el Estado mexicano no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables, dar reparación moral y material a familiares de las víctimas, fortalecer la investigación en los casos de desaparición forzada y resolver los factores estructurales que generan impunidad.
El organismo dijo que hasta la fecha se desconoce el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes que fueron detenidos por efectivos militares en Chihuahua el 29 de diciembre de 2009.
