Chihuahua.- A casi un año de haberse aprobado la Ley de Asociaciones Público Privadas de Chihuahua, y a iniciativa del gobernador del Estado Javier Corral, por primera vez se echaría mano de este esquema para la creación y operación de cuatro Centros Regionales de Seguridad para el Desarrollo del estado de Chihuahua, que fueron aprobados este día en sesión ordinaria.
En el dictamen presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, se destaca que el objetivo que se buscaba con esta iniciativa presentada en julio de este año, es abonar a la resolución de la problemática que se presenta en las zonas serranas del Estado y de alta vulnerabilidad social, específicamente en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Práxedis G. Guerrero y Bocoyna, así como en los diversos municipios aledaños que conforman su zona de influencia donde se han registrado considerables niveles de violencia ocasionados principalmente por la presencia y disputa de grupos delictivos sobre los territorios, ocasionando el desplazamiento forzado de personas, el despojo de sus tierras, la comisión de diversos delitos como homicidio, cultivo, posesión, tráfico y comercialización de estupefacientes, el robo de combustible, el robo a empresas mineras y sus proveedores, así como la desaparición de personas, entre otros; que en consecuencia inhiben el desarrollo social y económico de la región.
Para esto, se agrega, las instancias de seguridad deben realizar desplazamientos terrestres desde ciudades distantes, invirtiendo numerosas horas para el traslado de los elementos de fuerza; lo que reduce significativamente el tiempo de respuesta inmediata y de igualdad en el uso de la fuerza para enfrentar a los grupos delincuenciales; aunado al enorme gasto que representa cubrir al personal de estas corporaciones la renta de habitaciones en hoteles o renta de viviendas para su hospedaje, así como los viáticos, incluyendo la alimentación, combustible y otros gastos necesarios para un adecuado despliegue.
Por ello se propone construir y operar cuatro centros regionales, ubicados en las localidades de Guadalupe y Calvo, Guachochi, San Juanito y Práxedis G. Guerrero, con una capacidad de albergar cada uno hasta 200 elementos de las instituciones de seguridad pública, integradas por policías preventivos de la Comisión Estatal de Seguridad, policías de investigación de la Agencia Estatal de Investigación y agentes del Ministerio Público; a través de un proyecto que vincularía al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a la infraestructura, y que involucraría, dentro del contrato de largo plazo, la retención y transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto.
