EL diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un informe detallado sobre todas las concesiones y permisos de perforación emitidos entre 2013 y 2015, cuando Alejandro LeBaron, esposo de la diputada Brenda Ríos y aspirante a la alcaldía de Chihuahua, encabezó la oficina estatal del organismo. Tras las recientes declaraciones del director nacional de Conagua Efraín Morales, sobre la existencia de pozos presuntamente irregulares en Chihuahua, Olson demandó que la Federación entregue la lista completa de autorizaciones expedidas en esos años, especificando quiénes fueron los beneficiarios, los volúmenes otorgados, la ubicación de los pozos, los acuíferos involucrados y los dictámenes técnicos que justificaron cada permiso. Pidió además que también que se precise si alguno de esos trámites coincide con los casos señalados por la titular del Poder Ejecutivo Federal como irregulares o indebidos, pidiendo también que se informe sobre el cambio de uso de suelo del 2013 al 2018 cuando la hoy diputada de Morena Brenda Ríos fungió como delegada Federal de la Semarnat en Chihuahua. En respuesta, ella solicitó que se revise el actuar de Conagua y de la Semanart, pero “desde 1992 hasta 2018, investigando a funcionarios que ahora hasta presidentes municipales son”, cuestionando además que “por qué se busca esta revisión si este problema es estructural no de un periodo nada más, yo estoy aquí con la cara de frente comprobando el miedo que se tiene a una servidora”, siendo aprobada la moción. Sin embargo, el diputado Alfredo Chávez solicitó entonces que también se le dé vista a la Fiscalía General de la República para que se abra y se realice una investigación seria y puntual sobre los posibles delitos cometidos, lo que también fue aprobado por 26 votos, y al final el exhorto ya con las modificaciones se aprobó por mayoría también con 27 votos.
LUEGO del ‘balconeó’ que le dieron al secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, tras su comparecencia ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda del Congreso del Estado, en relación con el Paquete Económico 2026, salen a relucir más “trapitos al sol”.
Y es que Gil Baeza solo fue a evidenciar su ignorancia en los temas de salud; no sabe nada de los recortes presupuestales, y fallas en los centros de salud, así como hospitales, y para muestra los ciudadanos le ponen demuestra lo que está ocurriendo en el en el Hospital Infantil. Y es que tanto personal médico y de enfermería también se han quejado de la falta de agua caliente que obliga a los niños a no poder bañarse.
De acuerdo con denuncias, durante más de dos semanas las calderas no funcionaron, obligando a mantener a menores hospitalizados sin un servicio básico indispensable. Cuando finalmente “arreglaron” el problema, comenzaron a presentarse fugas de agua, evidenciando que la supuesta solución fue más un parche que una reparación real.
Pero el problema no termina ahí. Aseguran los que están involucrados en el nosocomio que no está autorizado entregar recetas médicas, y cuando falta algún medicamento, en lugar de surtirlo, les cambian el tratamiento por lo que haya disponible o simplemente prolongan la estancia hospitalaria del menor.
Las acusaciones van más allá del desabasto: señalan que estas prácticas benefician a algunos servidores públicos, mientras los pacientes pagan las consecuencias con tratamientos incompletos, cambios de medicación y estancias más largas de lo necesario.
LA carretera federal 45 dejó de ser solo una vía de tránsito para convertirse, según las denuncias, en OTRO punto de cobro ilegal con uniforme oficial. Un video que circula en redes sociales exhibe a policías de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República extorsionando a un viajero, pidiéndole dinero a cambio de dejarlo seguir su camino. Las imágenes son claras y demoledoras. No se trata de una interpretación ni de un “malentendido”. Se escucha al conductor suplicar y ofrecer lo poco que trae, mientras del otro lado no hay ley, ni autoridad, ni respeto: solo una tarifa negociable. Ocho mil pesos era la cuota inicial. Al final, como quien hace un “descuento”, el agente acepta dos mil baros para no hacer escándalo.
Lo más grave no es solo el dinero robado, sino el mensaje que queda grabado: la extorsión como práctica normalizada, donde en reiteradas ocasiones los viajeros y paisanos han denunciado reiteradamente que estos retenes se han convertido en verdaderas trampas para quienes cruzan por el sur del estado.
Cuando quienes deberían investigar delitos son los mismos que los cometen, el problema deja de ser individual y se vuelve institucional.
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