UNA denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Disciplina Judicial no es menor ni puede despacharse como un trámite burocrático más. Se trata de un señalamiento directo contra una servidora pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, acusada de haber ocupado simultáneamente cargos que la ley prohíbe de manera expresa. De acuerdo con el escrito presentado por denunciantes, la licenciada Teresa Valenzuela, secretaria proyectista del Tribunal de Ejecución Penal del Distrito Judicial Morelos, habría fungido en al menos dos procesos electorales como Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Distrito 08, mientras mantenía —o solicitaba licencia para mantener— su cargo dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El señalamiento es grave porque no se trata de una interpretación ambigua de la ley, sino de una prohibición clara
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua establece que las personas servidoras públicas judiciales no pueden desempeñar otro empleo o comisión remunerada, salvo la docencia. Ni el INE, ni los cargos electorales encajan en esa excepción.
Más aún, la denuncia sostiene que aun con licencia, la ley impide ejercer otro cargo remunerado, lo que colocaría a la funcionaria en una posible situación de inhabilitación legal. Y aquí es donde el asunto deja de ser administrativo para entrar en el terreno penal: el Código Penal del Estado de Chihuahua tipifica como delito el ejercicio de un cargo público cuando se está legalmente inhabilitado para ello.
La documentación ofrecida como prueba incluye registros oficiales del propio INE, información de recursos humanos del Poder Judicial y enlaces públicos donde aparece el nombre de Teresa Valenzuela como integrante de consejos electorales.
La denuncia ya fue radicada bajo el número EPRA 261/2025 en el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora la pelota está en la cancha de las autoridades.
UNA denuncia lo que paso en el colegio Belmont el lunes 26 lunes 26 día Lunes 26 de enero, donde un alumno falta al respeto a su maestra.
Los trabajadores de la institución se cuestionan: ¿Hasta dónde llega la necesidad de conservar un empleo para aceptar la humillación?
¿En qué momento ser maestro, una figura de respeto y autoridad, se convierte en blanco de humillaciones, insultos y difamación, sin que exista consecuencia alguna?
Esto sucede en un colegio de clase trabajadora, donde los alumnos saben perfectamente que no pasa nada, porque mientras se pague la colegiatura, todo está permitido. La prioridad no es la educación, ni la integridad, ni el respeto: es atraer y retener “clientes”.
Señalan que todo es consecuencia que el Colegio B€lm0nt, al norte de la ciudad de Chihuahua, se ha convertido en el refugio ideal para hijos problema, donde las reglas de seguridad son prácticamente inexistentes.
La denuncia señala que el pasado lunes 26 de enero, durante clases virtuales (canceladas las presenciales por bajas temperaturas), dos grupos de tercero de secundaria planearon, grabaron y difundieron en Instagram cómo violentaban a su maestra.
No fue un error.
No fue una travesura.
Fue un acto consciente, planeado y ejecutado con la certeza de que no habría consecuencias.
“Para eso pagan”, lo saben.
Los quejosos señalan: “De la raíz del problema poco se habla, aunque es conocida:
Niños y adolescentes que crecen en entornos donde también son humillados y violentados, con padres que no ponen límites y escuelas que prefieren mirar hacia otro lado.
Aquí, nadie se hace responsable:
Ni los padres.
Ni la institución.
Mientras tanto, los docentes pagan el precio.
Esto no es educación.
Esto es violencia normalizada.
Y callarlo también es ser cómplice.
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