-Congreso: Contratos a los amigos y familiares
-Sin ética el Mérito Cultural
-Corrupción en Educación
-Consulta

ADEMÁS de entregar convenios y contratos al por mayor a amigos, conocidos y familiares, el Congreso del Estado ha cobijado a ex colaboradores de los comités directivos del Partido Acción Nacional, a ex diputados de todos los colores como Hever Quezada, Crystal Tovar, Miguel Vallejo, Víctor Uribe y otros; e incluso a suplentes de legisladores en funciones, como el panista Ricardo Mendiolea, suplente del diputado Fernando Álvarez Monge, quien a pesar de que lleva bastante tiempo trabajando como asesor en el Congreso del Estado, se ha sumado ahora a esta lista de beneficiados, como el ex candidato a diputado federal Eduardo Fernández Sigala quien también se encuentra ahora como asesor de la diputada Marisela Terrazas.

Y se quejaban en el PAN del ex gobernador

Y justamente del Congreso del Estado se ha iniciado una polémica por la entrega de la Medalla al Mérito Cultural que será entregada hoy jueves, y que se decidió que fuera de manera póstuma para el poeta y lingüista Enrique Servín Herrera, que a decir del artista de teatro Víctor L. Ruiz, le fue concedida de manera irregular. A través de las redes sociales, el también dramaturgo señaló que la convocatoria de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso no fue respetada, ya que en su dicho la postulación del poeta recientemente fallecido ocurrió después de ocurrida su muerte, y colgó algunos videos de las reuniones de la comisión donde se tocó el tema. Desde luego amigos y familiares han descalificado estas acusaciones, que Ruiz dice no estar dirigidas contra Servín, sino contra las maneras que tienen en el Poder Legislativo para determinar algunas decisiones como esta Medalla, que por ejemplo, el año pasado le fue entregada a un empleado del Gobierno del Estado, en esta ocasión, fallecido o no Servín, también se le entregaría a un funcionario, que si bien no se limita en las bases del premio, al menos debería respetarse esa ética que se destacó al inicio de esta administración.

MÁS de 20 denuncias ante la la Subsecretaría de Educación Zona Norte acumula el Instituto Sesame Street por ostentarse como escuela preescolar y primaria, sin tener las autorizaciones correspondientes.

Judith Soto Moreno, titular de la Subsecretaría de Educación Zona Norte,  no ha hecho nada y no es para menos, al ser acusada de estar involucrada con la corrupción de esa escuela “patito” que operaba sin registro oficial pero cobraba cuotas a los papas entre 2 mil 500 a 4 mil pesos mensuales.

Ahora los padres de familia interpusieron una demanda penal por fraude y lo que resulte no solamente contra la funcionaria estatal sino varios de sus colaboradores que conocían de estas anomalías pero no hicieron absolutamente nada.

Los afecrtados de encuentran asesorados por un grupo de abogados penalistas quienes han acudido diariamente a la Fiscalía General a efecto de darle seguimiento a la carpeta de investigación y esperar que la misma sea judicializada y se pueda. Fincar responsabilidades penales en contra de los funcionarios.

En la carpeta se menciona al profesor Bernardo Valdez Talamantes quien funge como asistente personal y coordinador de educación en la zona norte aparece mencionado en la carpeta de las investigaciones toda vez que él tuvo conocimiento de estas anomalías y en su momento no hizo nada por frenar la situación.

Recientemente se buscó la manera de fincar responsabilidad administrativa a los directores y supervisores de las escuelas públicas que aceptaron en su matrícula a los niños del colegio privado en un hecho a todas luces anómalo toda vez  que estudiaban en un plantel privado pero su matrícula era en una escuela pública., presumiendo que hubo dádivas y entrega de dinero a los directores y supervisores estatales involucrados en esta anomalía situación.

Maestros de grupo también son citados en la carpeta de investigación ya que ellos tenían en las listas de asistencia estos niños «fantasma» que nunca acudían a clases pero se les tomaba lista diariamente y no se preocuparon por saber si estaban o no inscritos en dicha escuela, responsabilizando de ello a los directores del plantel que eran quienes si tenían conocimiento de lo que estaba pasando.

Los padres de familia responsabilizan directamente a Judith Soto de estar enterada de esta situación desde el ciclo escolar pasado y haber dejado que el tiempo transcurriera sin hacer nada y esperaa a ver si los papas dejaban pasar la situación y hacer como que nada había pasado .

Uno de los abogados representante de los padres de familia menciono que Judith Soto es una protegida del gobernador Javier Corral toda vez que el papa apoyo con mucho dinero la campaña del ahora gobernador

Finalmente cabe mencionar que los padres de familia acudirán en breve a la ciudad de Chihuahua para entrevistarse con el secretario estatal de educación a efecto de solicitar una respuesta a esta situación que involucra corrupción y malos manejos del sistema estatal de educación.

DICE tener los bolsillos vacíos, llorar que AMLO no les da dinero, pero el Municipio sigue soltando dinero según su conveniencia.  Nos informan que ya deposito los 8.9 millones para que se haga la consulta y así lograr el “enfermizo” proyecto de alumbrado público en Chihuahua.

Lo interesante de soltar el billete es que pueden hacer lo que quieran en el dichoso plebiscito, embarazar las urnas a su favor como lo hicieron en la pre-consulta.

Esto lo saben los chicos de Wikipolítica, y a esa jugarreta le llaman la tranza más grande del Ayuntamiento capitalino.

Hay videos donde el Menipeo presiona a las personas beneficiadas con programas sociales y de educación para dar su firma porque si no se les iba a dejar de dar apoyo. También empleados municipales asistían en horarios laborales, uniformados, y solicitaban que les tomaran una foto del momento en que firmaban “para enseñarla a quien les pedía ir a firmar”, entre otras anomalias.

Ahora se busca convencer a los ciudadanos QUE ACUDAN A LAS URNAS a dar su opinión y votar en contra del PROYECTO pues el Municipio le está apostando a que el pueblo no acudirá y no se reunirán la cantidad de respuestas necesarias para que el resultado sea vinculante.

 

 

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