En la misiva publicada en su muro de Facebook, advierte sobre los riesgos de prestar al gobierno estatal, dadas las irregularidades jurídicas advertidas en las constitución de las empresas “Inversiones Carreteras de Chihuahua S.A. de C. V.” y “Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V.”
A continuación íntegra la carta abierta del gobernador electo de Chihuahua:
“El pasado miércoles 6 de Julio, a pesar de una clara manifestación en contrario de parte nuestra y de amplios sectores de la sociedad, una mayoría de Diputados del PRI, PRD, PVEM, MC, PANAL y PT aprobó en el Congreso del estado una iniciativa del titular del Ejecutivo que compromete aún más los ingresos y el margen de maniobra de las futuras administraciones estatales, al pretender obtener 6,000 millones de pesos adicionales por los ingresos excedentes del fideicomiso carretero hasta 2038, para liquidar presumiblemente compromisos de la actual administración relacionados con el pago a proveedores, el gasto operativo o la regularización de partidas federales, y no para inversiones públicas productivas, como lo señalan la propia Constitución del Estado, la Ley de Deuda Pública estatal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
“Esta cantidad viene a sumarse a los $50,000 millones de pesos que ya adeuda el estado y cuyo destino sigue siendo un misterio, al no verse reflejados en una vasta inversión productiva en el estado, como correspondería a un endeudamiento de esta magnitud.
“La administración estatal pretende ahora liquidar compromisos contraídos tanto con instituciones bancarias y proveedores que han recibido un trato privilegiado a lo largo del sexenio, ya sea en la contratación de créditos a tasas elevadas, o en el favoritismo a ciertos proveedores. De los 6,000 millones de pesos que la administración actual pretende obtener, $3,000 millones estarían destinados a liquidar un crédito contratado con Grupo Financiero Inbursa en octubre de 2015, con una sobretasa que duplica la de otras instituciones bancarias.
“Adicionalmente, habremos de dar cauce legal a las violaciones que hemos advertido en la constitución de las empresas “Inversiones Carreteras Chihuahuenses, S.A. de C.V.” y “Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V.”, titular ésta última de las concesiones carreteras afectadas en el Fideicomiso Carretero, y que alcanzan la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Notariado, por lo que los actos jurídicos que estas empresas realicen podrán verse afectados de nulidad.
“Hago un llamado a los directivos de las instituciones financieras tanto en el país como en el estado, para que en un ejercicio de responsabilidad, no sólo con los chihuahuenses, sino con sus propios accionistas, atiendan las objeciones de la administración estatal que iniciará en menos de noventa días”.
