LA diputada de Morena Rosana Díaz Reyes, está un paso de largarse del grupo parlamentario luego de denunciar actos de violencia en su contra, que, aseguró, ya fueron llevados ante la Fiscalía de la Mujer, en contra del coordinador Cuauhtémoc Estrada.
No es para menos la denuncia que no solo sacude a su bancada: exhibe una grieta que ya no se puede tapar con discursos de unidad.
Porque cuando una legisladora decide acudir a la Fiscalía de la Mujer para denunciar violencia contra su propio coordinador, Cuauhtémoc Estrada, el problema deja de ser interno y se vuelve escándalo público. No es un “malentendido”, no es “grilla”: es una acusación formal que arrastra consigo todo el peso político de Morena… y toda su contradicción.
El silencio incómodo de algunas compañeras pesa más que cualquier posicionamiento. Porque cuando el respaldo aparece selectivamente, el mensaje es brutal: hay violencias que sí indignan… y otras que se negocian. Y en ese juego, la congruencia termina siendo la primera víctima.
La comparación que lanzó Díaz Reyes no es menor. Decir que compartir traslado con sus compañeros sería “como regresar con el marido golpeador” no es metáfora ligera: es dinamita política. Es ponerle nombre y rostro a un ambiente que, según su versión, ya cruzó la línea de lo tolerable. Y si eso ocurre dentro del partido que presume abanderar las causas sociales, el discurso se desploma por su propio peso.
Mientras tanto, la diputada mide sus opciones: quedarse, irse o declararse independiente. Traducido al lenguaje real: decidir si sigue en un grupo que, según denuncia, no la protegió… o si se convierte en una piedra incómoda fuera de la fila. Porque ofertas no le faltan, pero credibilidad sí le sobra para incomodar a más de uno.
HAY fiscales que persiguen la corrupción… y otros que parecen entrenar para burlarla. En Chihuahua, Abelardo Valenzuela ya no solo encabeza la Fiscalía Anticorrupción: la protagoniza como si fuera una tragicomedia donde el acusado, el investigador y el guionista son la misma persona.
Porque lo suyo no es un tropiezo, es una rutina. Desobedecer a un juez federal no es un “detalle técnico”, es dinamitar la credibilidad desde adentro. El encargado de hacer cumplir la ley decidió, sin rubor, que podía ignorarla.
Y lo más preocupante no es la sanción, es la costumbre. Esto ya huele a patrón. Desacatos, choques con instancias federales, expedientes que sobreviven milagrosamente a resoluciones judiciales… la lista no pinta a error humano, pinta a estilo de gobierno. Uno donde la ley no es un marco, sino un obstáculo que se esquiva.
El caso del despacho de Finanzas Públicas termina de cerrar el círculo: acusaciones de peculado por casi cien millones de pesos que, según los señalados, están sostenidas con alfileres, contradicciones y una narrativa que parece más política que jurídica. Si eso se confirma, no estaríamos ante un fiscal combatiendo la corrupción, sino fabricándola a conveniencia.
Aquí el humor negro se escribe solo: una Fiscalía Anticorrupción convertida en fábrica de sospechas selectivas. Una institución que debería blindar la legalidad, pero que empieza a operar como laboratorio de excesos. Como si la consigna fuera clara: castigar, aunque las pruebas estorben.
Y mientras tanto, el discurso oficial sigue vendiendo “cero impunidad”. Lo inquietante es que cada vez suena menos a promesa y más a advertencia… pero hacia adentro. Porque cuando el fiscal desacata a un juez y acusa sin bases sólidas, la impunidad no desaparece: cambia de oficina.
La pregunta ya no es incómoda, es urgente: ¿quién le pone un alto a quien cree que la ley es negociable? Porque cuando el vigilante se siente por encima de las reglas, la justicia deja de ser ciega… y empieza a actuar con plena conciencia de a quién mirar y a quién no.