MIENTRAS los altos mandos presumen operativos, patrullas nuevas y discursos de “seguridad”, hay policías estatales que literalmente viajan hacinados como carga humana dentro de una máquina de tren. La denuncia que será presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhibe un panorama alarmante que no solo raya en la negligencia, sino en el desprecio absoluto hacia quienes arriesgan la vida portando un uniforme.
La acusación es grave: siete policías estatales y dos empleados de Ferromex son confinados en un espacio de apenas dos por dos metros durante trayectos entre Creel y Los Mochis. Nueve personas encerradas en condiciones inhumanas, sin espacio para moverse, reaccionar o siquiera resguardarse ante una emergencia. Más que un operativo de seguridad, parece un traslado clandestino donde la dignidad quedó abandonada en las vías del tren.
Pero el problema no termina ahí. Los agentes denuncian que no cuentan con adiestramiento ferroviario para actuar ante contingencias técnicas, mientras que los empleados de Ferromex, civiles ajenos al trabajo policial, son obligados a compartir encierro con personal armado y bajo tensión operativa. Una mezcla peligrosa que revela improvisación, irresponsabilidad y una cadena de decisiones tomadas desde escritorios cómodos, lejos del calor, el miedo y el riesgo real.
La denuncia además destapa otro punto explosivo: Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua estarían siendo enviados hasta Loreto, Sinaloa, fuera de su jurisdicción territorial, sin que se haya transparentado el fundamento legal, convenio de colaboración o respaldo constitucional para esas operaciones. En otras palabras, los traen patrullando fuera del estado como si fueran escoltas privadas, exponiéndolos no solo a ataques armados, sino también a quedar completamente desprotegidos jurídicamente.
Y mientras eso ocurre, aseguran que permanecen incomunicados, abandonados por su corporación y sin respaldo institucional en zonas consideradas de alta peligrosidad. La queja pinta a elementos prácticamente enviados al vacío, donde si algo ocurre, nadie responde.
Por si fuera poco, también denuncian malos tratos y actitudes déspotas por parte de mandos de la Policía Rural en Creel, lugar donde supuestamente descansan entre trayectos. Es decir, además de jornadas extremas y condiciones indignas, todavía tienen que soportar humillaciones internas dentro de la propia estructura policial.
ALEJANDRO Domínguez iba sacar el látigo mediático, pero al parecer no lo encontró desde la semana pasada cuando lanzó acusaciones contra el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar por presunto uso indebido de recursos públicos, amagó con denuncias y habló de violaciones a la ley con tono de fiscal electoral… pero hasta ahora, todo quedó en puro ruido.
Porque en política no basta con pararse frente a los micrófonos y aventar señalamientos. Si las acusaciones eran tan graves como aseguró el dirigente estatal del PRI, entonces la denuncia tendría que haberse presentado de inmediato y con pruebas en mano. Pero el tema comenzó a enfriarse tan rápido que da la impresión de que fue más un intento de reflectores que una verdadera intención de combatir irregularidades.
Domínguez acusó a Pérez Cuéllar de acudir a una rueda de prensa de Morena en horario laboral, acompañado de vehículos oficiales y personal de seguridad. El discurso sonó duro, incluso habló de “conductas que no deben permitirse” y exigió respeto a las instituciones. Sin embargo, cuando las amenazas legales no avanzan, el mensaje pierde fuerza y credibilidad.
Lo más delicado para el PRI es que este tipo de episodios terminan exhibiendo un viejo problema: mucho discurso, poca acción. Porque si todo queda en declaraciones incendiarias sin consecuencias, entonces las denuncias públicas parecen más herramientas de golpeteo político que verdaderos actos de defensa de la legalidad.
Y mientras el dirigente priista sigue sin mover la supuesta denuncia, en Morena seguramente ya entendieron que la tormenta anunciada terminó siendo apenas un trueno aislado.
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