Chihuahua.- Para promover entre la ciudadanía la solución pacífica de los conflictos derivados del orden municipal, mediante la concientización y sensibilización de acciones tendientes a la construcción de paz, como parte de la política de prevención del delito y justicia cívica, el Congreso del Estado aprobó hoy la iniciativa presentada por el diputado Obed Lara Chávez, a fin de reformar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
Con esto, se aprobó también el que en el ámbito municipal se promueva la creación de instancias que atiendan y resuelvan conflictos entre los miembros de la comunidad, por motivo de faltas al bando de policía y gobierno, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, como política de prevención del delito y de la conocida como justicia cívica.
Parte de los argumentos del diputado en la iniciativa fue que “los problemas que enfrentan diariamente las personas en su entorno familiar y social, en ocasiones trascienden a insultos, agresión verbal e incluso violencia física, por lo que hay una necesidad de que existan mecanismos para mejorar la convivencia de la sociedad y considerando que gran parte de los conflictos suscitados en el ámbito comunitario o derivados de faltas a los bandos de policía y gobierno, suelen convertirse en conductas delictivas por la falta de atención oportuna en el ámbito de la prevención, es necesario contar con instrumentos que ayuden a atender los conflictos antes de que se conviertan en estadística criminal”.
Se agregó que en muchas regiones del estado incluso, alejados de las grandes concentraciones de población, cuyos traslados son tardados y costosos, se identifica principalmente el problema de falta de justicia inmediata que de manera ágil les permita dar atención a los conflictos, así como la falta de aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, por lo que debe existir la oportunidad de que entre iguales solucionen sus problemas con tranquilidad.
En el dictamen leído por el diputado , se recordó que en 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a tal rango los mecanismos alternativos de solución de conflictos, al señalar que las leyes deberían preverlo y, aunque en un primer plano el precepto se enfocaba especialmente en la materia penal, por lo que para 2017 se adiciona un nuevo párrafo tercero al mismo artículo 17, para que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”
