Noticias de Chihuahua.- Siete años después de haber sido desplazadas por integrantes del crimen organizado encabezados por la banda de José Noriel Portillo Gil, conocido como “el Chueco”, y tras un año de analizarse, personas de comunidades de la Sierra obtuvieron dos sentencias de amparo por la protección que los gobiernos no les dieron.
Se trata de las comunidades de El Manzano y Monterde de los municipios de Uruachi y Guazapares ubicados en la Sierra Tarahumara, a las que se les ampara por la falta de protección que debieron brindarles las autoridades en el territorio en el que vivían y no lo hicieron, por lo que los juzgadores ordenan al gobierno federal y estatal reparar el daño causado con motivo del desplazamiento forzado interno que sufrieron a raíz de la violencia en la zona.
Así, luego de poco más de un año que tardaron en resolverse, los amparos obligan a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, a la pacificación de la región serrana en la que viven y al acceso a la justicia a través de las carpetas de investigación iniciadas en el momento del desplazamiento.
También están obligados a brindar ayuda humanitaria, asegurar los bienes que dejaron en su comunidad, el reasentamiento definitivo con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad, así como emitir una legislación completa y pertinente que proteja a las personas desplazadas por la violencia.
Para ello, el fiscal general del Estado y el de la República deben informar el estado y avance de las carpetas de investigación, y realizar las acciones necesarias para que puedan regresar con seguridad a los lugares donde vivían, así como que cesen de criminalizarles y discriminarles.