Noticias de Chihuahua. – A fin de desahogar parte de las 217 iniciativas que tiene pendientes desde el 2021, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado presentó este martes ante el pleno, siete iniciativas en un solo dictamen, relacionadas cinco de estas con la pérdida de la patria potestad, una más sobre bullying, y otra sobre obligación alimentaria, presentadas algunos desde hace dos años por legisladores de varios partidos políticos.
Los siete asuntos fueron sometidos a consideración de la comisión apenas la semana pasada, destacando la iniciativa que propone adicionar todo un capítulo al Código Penal del Estado de Chihuahua, para castigar los Delitos contra la dignidad de las personas como el acoso escolar, bullying y ciberbullying, que propuso el grupo parlamentario de Morena en marzo del año pasado.
Una de las que más se destacan, es la que propuso la diputada Ana Georgina Zapata para que quede asentada la pérdida de la patria potestad cuando un hombre cometa feminicidio en contra de la madre, presentada desde marzo del 2023; así como otra iniciativa similar propuesta por el grupo parlamentario de Morena, sobre la que dijeron que ya está legislado justamente desde el año pasado.
Otra iniciativa de Zapata busca asegurar que en caso de cuando una persona que conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes provoque la muerte de una o varias personas, se haga cargo del pago de alimentos a las hijas e hijos menores de edad.
También dos iniciativas sobre la patria potestad, una de Morena presentada desde mayo del 2022 para reformar los artículos 421 y 421 bis del Código Civil del Estado de Chihuahua, y agregar la explotación infantil como causa para la pérdida de la patria potestad, en la que se concluyó que el Congreso no tiene facultades sobre la trata de personas; y otra de la diputada priista Ana Georgina Zapata para establecer como obligación el denunciar por parte de una persona que sepa sobre delitos sexuales contra menores, pero se destacó que a nivel federal sí hay permisividad para denunciarse y en el estatal se establecería por lo que se caería en una incertidumbre.
De igual forma, se aprobó reformar el artículo 188 del Código Penal del Estado de Chihuahua, para elevar la pena mínima en los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 400 días de multa, que presentó hace apenas tres meses el diputado del Partido Acción Nacional Gabriel García.