Los abogados de Diego Cruz Alonso basan su defensa en que posee la nacionalidad española a través de su abuelo paterno; una alegada inconsistencia de la acusación contra él; que no existe una proporcionalidad entre los delitos por los que se le acusa en México y las penas que éstos acarrearían en España; las supuestas faltas de garantías de la justicia mexicana y las malas condiciones del sistema penitenciario; la alegación de que existe una operación política y mediática que predispone a la justicia en contra de Diego Cruz.

El representante de la Procuraduría insistió en que Diego Cruz utilizó su nacionalidad española “como una acción torticera para eludir la acción legal de México” y ocultarse en España alegando que estudiaría en la Universidad Europea cuando llegó en marzo de 2016.

La resolución de los jueces españoles tarda alrededor de dos o tres semanas para saber si se concede o no la extradición de Diego Cruz a México.

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