SI alguien podría dar una clase sobre “cómo hacer que todo se trate de ti” esa sería sin duda la diputada priista Georgina Zapata, quien organizó este lunes una conferencia sobre migración con el periodista de Animal Político Manuel Ureste, pero la que “brilló” en su boletín de prensa fue ella, al dar cuenta de que “esta tarde, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, presentó la conferencia “Niñez Migrante, Promesas de Papel”, la cual fue expuesta por Manuel Ureste”, ¿así o más alucín?
MUCHO se presume de que Chihuahua ahora camina en un rumbo diferente y que se trabaja para la seguridad y la paz de los chihuahuenses, pero de nuevo la entidad se colocó dentro de los primeros lugares en la incidencia delictiva, específicamente de homicidios, como lo ha hecho en las últimas semanas según organizaciones que se dedican al conteo de muertes dolosas. Este lunes Chihuahua apareció en segundo lugar con 8 homicidios dolosos, solo detrás del Estado de México con 11 y junto con Jalisco con 8 también. La verdad es que al respecto sí falta mucho trabajo y menos palabrería.
ENTRE dimes y diretes por la falta de atención a los múltiples casos de bullying en la entidad, sobre todo para que no se sigan cometiendo, Morena y el PAN también se agarraron a palabrazos, que tú dijiste, que no que tú, que yo no fui, lo cierto es que la presidenta estatal Brighite Granados y el diputado Oscar Avitia, señalaran que la propuesta presentada por el diputado panista Ismael Pavía busca criminalizar a docentes y directivos por los casos de acoso escolar que se han registrado en las escuelas, y para pronto este dijo que no, que no se busca criminalizar a los maestros y directivos, sino que busca “responsabilizarnos a todos en nuestro papel en la protección de los estudiantes”. La verdad es que su iniciativa presentada el pasado martes sí dice que intentaba adicionar al artículo 156 del Código Penal para que “podamos incluir en la conducta típica de omisión a las instituciones educativas y se incluya de manera textual a quien omita o descuide en una institución educativa o ante cualquier otra persona incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo se impongan penas de seis meses a un año de prisión”, si eso no es criminalizar entonces que alguien lo explique.
