Chihuahua.- No solo por prestación de servicios de asesoría, de combustibles, de abarrotes, de impresión o de uniformes, sino hasta de decoración, de licores y salchichonería, pasando por medios de comunicación y hasta por editoriales aisladas, el Congreso del Estado tiene firmados 413 convenios para el primer semestres del año, con montos que van hasta los dos millones de pesos, de acuerdo con el documento de la Secretaría de Administración en su apartado de adquisiciones.
Un contrato que resalta es con la compañía XOFTWARE IT SA DE CV, representada por Alejandro Machado, por la compra de 65 computadoras de escritorio a 17 mil 144 pesos cada una, para dar un total de un millón 114 mil 412 pesos, lo curioso es que la compra se hizo apenas en este mes de marzo, y pareciera que se hubiera comprado a razón de dos computadoras por diputado, siendo que las computadoras no es del tipo de material que deba renovarse con frecuencia.
Un asunto que en su momento causó mucha polémica fue la compra de una camioneta Yukón Denali 2015 para el diputado de Encuentro Social Misael Máynez, cuyo contrato CPS-AS043-2018 aparece en el listado dado a conocer por la Secretaría de Administración, y detalla que la compra por un monto de 630 mil pesos al particular Alan Eduardo Rodríguez López.
La compra de otro vehículo, una camioneta usada Suburban 2016, también aparece en el contrato número CPS-AS030-2018 por casi 690 mil pesos, al Grupo Industrial Comercial de Servicios Leos, que sería la camioneta que se le otorgó al coordinador de Morena Miguel Ángel Colunga.
También aparece el ex alcalde de Parral César Omar Dajlala Amaya, pero no se ofrece información alguna sobre qué servicio está prestando al Congreso, aunque se sabe que el también empresario se dedica a la venta de equipo eléctrico y electrónico; así como el regidor actual del Municipio de Chihuahua Juan José Abdo Fierro, cuyos contratos, sin embargo, no se ofrecen a la vista.
Otro nombre que salta a la vista es la de la militante del Partido del Trabajo y en algún momento pareja sentimental del ex diputado Manuel Narváez, de quien sin embargo, no aparece ni el nombre de alguna empresa ni del servicio que está prestando; como tampoco hay información sobre el contrato celebrado con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
Entre todo llama la atención el contrato firmado con el ex colaborador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Kinardo Hamilton, que le factura al Congreso del Estado 58 mil pesos mensuales por conceptos de “asesoría externa”; así como el de varios prestadores de servicios que incluso tienen su domicilio fiscal en otros estados del país.
Los diputados, o los ciudadanos a través de sus impuestos, también están pagando por servicios de auditoría; suministro de café, asesoría jurídica, mantenimiento de edificio aunque para eso haya empleados contratados; por un estudio de percepción de la violencia y otro del índice de desarrollo humano por más de un millón de pesos; medición laboral de los propios diputados por más de 300 mil pesos; cristalería; seguridad privada; arrendamiento aunque no dice de qué; mueblería y abarrotes, capacitación; y hasta por un jardín de niños.
Los conceptos por los que se está pagando aparecen todos sin mayor explicación, por lo que no se sabe de qué se trata exactamente servicios como capacitación y análisis; plásticos; banco; asesorías y consultorías; centro de ayuda; farmacia; constrictora; salón de eventos; agencia de viajes; tiendas de conveniencia y hasta centro comercial: aparatos ortopédicos; transporte; editorial; artesanías; grúas; artesanías; gobierno; hotelería; computación; y hasta por libros.
Además de varios representantes de medios de comunicación, en el listado también aparecen nombres como el del actual presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Júpiter Quiñonez Domínguez.
