CHIHUAHUA vive una paradoja criminal: mientras el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, presume recortes ficticios en la violencia y recibe incrementos presupuestales como si fuera la salvación, las cifras oficiales del Gobierno Federal lo exhiben como el comandante del estado más sangriento del país.
Loya ha gozado de un privilegio que no tiene ningún otro secretario: su presupuesto ha sido aumentado cuatro veces durante su gestión. Cada vez que pide más dinero, repite el mismo eslogan: que los casi 6 mil millones de pesos “se reflejarán en la reducción de delitos, en que la gente se sienta más segura y en mejorar la confianza en la Policía Estatal”. Pero la realidad, medible y documentada, lo contradice de forma brutal.
El “20% menos” que es 20% más
Mientras el funcionario asegura que los homicidios han bajado “más del 20%”, el Gobierno de la República reporta lo contrario: Chihuahua cerró julio como primer lugar nacional en homicidios dolosos, con 182 asesinatos en 31 días. Esto equivale a concentrar casi el 9% de todos los asesinatos cometidos en México ese mes, superando a Sinaloa (170) y dejando a Guanajuato en tercer lugar (153).
La comparación es todavía más humillante si se mira la media nacional mensual, que es de 62.9 casos: Chihuahua la triplica. Y en el acumulado de 2025, del 1 de enero al 31 de julio, el estado suma 1,069 homicidios dolosos, solo detrás de Guanajuato (1,761) y por encima de Sinaloa (1,063).
Feminicidios y confianza en caída libre
Lejos de mejorar la seguridad, los feminicidios también han aumentado bajo el mando de Loya, derrumbando cualquier promesa de “confianza ciudadana”. Mientras tanto, estados vecinos como Coahuila y Durango presentan cifras ridículamente bajas en comparación: dos y 36 homicidios en todo el año, respectivamente.
Más dinero, peores resultados
La pregunta es inevitable: si con aumentos presupuestales millonarios los homicidios no solo no bajan, sino que crecen, ¿a dónde se está yendo el dinero? ¿En patrullas que no patrullan? ¿En campañas de percepción que venden una seguridad que no existe? ¿A su campaña política de ‘Gil Loya’?
Porque los números son tercos: Chihuahua está en el mapa nacional como el estado más peligroso del país, y mientras las calles se tiñen de rojo, el titular de seguridad se pinta un México de fantasía… pagado con dinero público.
EL crimen organizado no solo opera en las sombras: lleva uniforme, porta arma oficial y hasta presume placa. Lo ocurrido con la muerte de dos policías municipales en Ciudad Juárez que fungían como guardaespaldas de El Principal —presunto líder criminal abatido junto con ellos— no es un hecho aislado, es la confirmación de una verdad incómoda que la autoridad se empeña en maquillar: la Policía Municipal está infiltrada hasta el tuétano.
No es el primer capítulo de esta novela negra. Apenas unas semanas atrás vimos el caso de El Monster, un agente en activo acusado de participar en la masacre de mujeres y niños LeBarón. Y ahora, otros dos uniformados que, “en su día franco”, escoltaban a un jefe criminal con historial de extorsión, secuestro, narcotráfico y tráfico de migrantes. Que portaran armas de cargo y, en un caso, hasta el uniforme, no es casualidad: es impunidad descarada.
Lo más grave no es solo la corrupción evidente, sino la simulación institucional. Las llamadas “pruebas de control y confianza” parecen diseñadas para reprobar a los honestos y dejar pasar a los que mejor mienten. Los filtros son un chiste de mal gusto: un narco disfrazado de policía puede pasearse frente a las narices de la autoridad sin que nadie se inmute… salvo para cuidarle la espalda.
Las autoridades reaccionan con declaraciones huecas y promesas recicladas. No hay depuración real, no hay mecanismos eficaces, no hay voluntad. Solo queda la sensación amarga de que, en esta ciudad, la ley no se impone… se alquila.
EN el Instituto Estatal de Seguridad Pública parece que la seguridad sí es pública, pero el sueldo es secreto. A meses de iniciar su formación, cadetes denuncian que siguen sin plaza, sin contrato y, lo más indignante, sin recibir un solo peso.
La promesa oficial fue clara: “En dos meses reciben su pago”. La realidad: cada quincena les repiten el mismo guion —“la siguiente quincena te llega”— y así, una y otra vez. Mentira tras mentira.
Lo más irónico es que, mientras esperan un sueldo que nunca llega, los envían a reclutar a más aspirantes, como si su experiencia de precariedad fuera la mejor carta de presentación para unirse a la corporación.
Hay cadetes próximos a graduarse que ni siquiera tienen plaza asignada. No son reconocidos ni como cadetes en activo, y mucho menos como trabajadores con derechos.
Este es el mensaje que el instituto le envía a quienes sueñan con servir y proteger: prepárate para cuidar la seguridad de todos… pero olvídate de que alguien cuide la tuya. Porque si así empieza la carrera policial, ¿qué se puede esperar cuando ya estés en la calle enfrentando el crimen?
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