DESDE hace más de una década, la Marcha del Orgullo en Chihuahua tiene nombre y apellido: Karla Arvizo Lozano. Su figura se ha consolidado no por representar a la comunidad LGBT+, sino por centralizar recursos, discursos y protagonismos bajo un comité que, jurídicamente, no existe. No es asociación civil, no es colectivo con acta, no tiene R.F.C., y aun así, ha recibido más de 283 mil pesos en lo que va del 2025.
La opacidad con la que opera el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua no es solo una anécdota: es un modelo. Mientras otros colectivos en municipios pequeños no reciben un peso de apoyo, Arvizo Lozano y su círculo más cercano Mayté Gardea y David García han sabido gestionar “donativos” sin comprobación desde todos los frentes políticos. Morena, PAN, Movimiento Ciudadano… todos caen. Unos por convicción, otros por miedo al linchamiento digital.
Las cifras son claras: donativos que van desde mil hasta diez mil pesos por diputado, más apoyos municipales, patrocinios empresariales y depósitos sin destinatario claro. No hay informes, no hay auditorías, y cuando se le cuestiona, la respuesta es siempre la misma: “Aquí nadie cobra, todo es voluntariado”. Pero la transparencia, como el orgullo, no debería ser opcional.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó más de 20 mil pesos este año al Comité, sin verificar siquiera quién los recibió realmente. En un caso, se devolvió un cheque por falta de comprobación, pero al día siguiente, otro personaje (ajeno al comité según registros públicos) recibió el nuevo monto. ¿Quién los supervisa? Nadie. ¿Quién los avala? Todos, desde el Congreso del Estado hasta el Senado.
El activismo no puede construirse sobre la mentira disfrazada de arcoíris. La causa de la diversidad merece una gestión limpia, plural, con rendición de cuentas. Convertir la marcha en una empresa privada sin registro legal es, irónicamente, lo menos “orgulloso” que se puede hacer. Y mientras tanto, miles de jóvenes LGBT+ en Chihuahua siguen sin acceso real a políticas públicas, salud mental, seguridad o espacios seguros. Pero eso sí, la pancarta de cada año nunca falta.
TODO parece indicar que en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua (TEJA) no van a trabajar por un buen rato…mientras siga lloviendo, siga causando estragos el huracán, y por supuesto, siga danzando César Duarte. Y es que son tan huevones que el miércoles pasado las personas que tenían que realizar algún trámite en dicho órgano constitucional autónomo, se toparon con la noticia de que el personal no laboro porque estaba lloviendo. En una cartulina mal hecha, anunciaban que por el clima hoy no se laboraba, así se las gasta el sistema estatal anticorrupción quienes no le rinden cuentas a nadie y en sus oficinas hacen lo que quieren, hasta decretar días inhábiles por una simple lluvia. Asease que si quiere imponerle sanciones al TEJA, espérese a la creación de otro órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.
PADRES de familia temen acudir a la entrega de boletas de la escuela primaria Estatal Juan Alanís ubicada en la colonia Camino Real, y no es por qué sus chavalos hayan salido con malas calificaciones, si no por lo tranza de sus autoridades escolares.
Y es que los papás fueron amenazados que al acudir a esa junta, la boleta sería entregada solo si ya estaba cubierto el pago de la sociedad de padres de familia pues era OBIGATORIO para apartar el lugar del niño para el siguiente ciclo escolar. Caso contrario, sus pequeños podrían quedar fuera, y la queso…
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