Nueva York – Durante décadas, casarse con un ciudadano estadounidense había sido una garantía casi absoluta de residencia legal, el mayor problema era comprobar que la relación era real.
Sin embargo, con el gobierno de Trump instigando una persecución fiera de inmigrantes ilegales a lo largo del país, muchos de los que recibieron órdenes de deportación se topan con que sus trabajos, casas, y familias ya no son una defensa ni siquiera para aquellos que se casaron con estadounidenses.
Conforme el gobierno de Trump arresta a miles de inmigrantes sin antecedentes penales y reforma las expectativas incluso para inmigrantes legales —un correctivo necesario desde hacía tiempo, dicen los funcionarios, a las políticas laxas del pasado— muchos que han vivido sin papeles por años están buscando de manera urgente el estatus legal a través de un padre, hijo adulto o cónyuge que ya son ciudadanos o residentes permanentes.
No obstante, en un número de casos cada vez mayor, los inmigrantes con órdenes de deportación pasadas que nunca fueron obligados a irse están recibiendo la autorización después de una entrevista con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia que administra los permisos de residencia y la ciudadanía, solo para que ICE los arreste.
