LOS panistas están hartos de tener a representantes oportunistas, esos que ponen su granito para la derrota. Una gran parte está en contra que Daniela Álvarez, actual dirigente estatal, se ande gastando las prerrogativas en anunciar sus arreglos faciales. Iba también de aguerrida contra la morenista Andrea Chávez que terminó haciendo lo mismo.
Los peneques la ven difícil controlar el estado en el 2027, pues el PAN esta convertido en una plataforma de ambiciones individuales.
Las acusaciones no son menores: en lugar de trabajar por la unidad, el fortalecimiento de las bases y la preparación de cuadros competitivos rumbo al 2027, Álvarez estaría ocupada en consolidar un proyecto personal. El cargo de dirigente estatal se usaría entonces no como responsabilidad, sino como trampolín para asegurarse una candidatura en el futuro. Es la vieja fórmula de la política mexicana: partido al servicio de una persona, y no persona al servicio de un partido.
Este escenario no solo erosiona la credibilidad del PAN en la entidad, también genera un daño profundo en la moral de sus militantes. Panistas de trayectoria aseguran sentirse desplazados, ignorados y ninguneados en las decisiones internas. El discurso de unidad que tanto presume Acción Nacional queda en entredicho cuando la propia dirigencia siembra división y promueve la desconfianza. No se construye equipo, se construye círculo; no se fortalecen estructuras, se reparten favores.
Lo más grave es que este desgaste no ocurre en el vacío. Chihuahua se encuentra en un contexto político de gran competencia, donde los errores internos pueden costar caro en las urnas.
La gobernadora ha hecho su parte, y a nadie le queda duda, pues ha lanzado misiles para que se controlen los que andan robándole al pueblo su dinero para promocionarse. Por un lado esta su secretario Gilberto Loya a quién le ordeno que se fuera a vivir a Ciudad Juárez con todo y su familia y no salga de esa ciudad hasta que controle la seguridad, pues continua Gil placeándose en todos los Municipios, pero Loya no le hace caso, y continua su proselitismo. Daniela, igual, gastándose las prerrogativas del PAN para promocionar su rostro. No existe el respeto a la envestidura del Gobierno del Estado, “El Rey ha muerto a pesar que aún faltan dos años para que lo sepulten”, ese es el mensaje cuando el reto está claro: el PAN no puede ser rehén de la ambición de una sola persona.
EN una sesión marcada por el desgaste democrático y las acusaciones de autoritarismo, el Senado de la República aprobó de último momento una reforma a la Ley de Amparo que aplica con retroactividad, pese a que el artículo 14 constitucional lo prohíbe expresamente. Con 70 votos a favor y 39 en contra, Morena y sus aliados avalaron un cambio que, lejos de proteger a los ciudadanos frente al poder, fortalece al Estado frente a los contribuyentes y debilita la figura histórica del amparo.
El dictamen establece que los más de 706 mil juicios de amparo abiertos deberán resolverse bajo las nuevas reglas, limitando la suspensión provisional y dando luz verde al gobierno para cobrar de inmediato deudas fiscales en litigio. Es decir, miles de ciudadanos y empresas en proceso legal contra el fisco quedarán prácticamente indefensos, obligados a pagar mientras sus casos siguen en trámite.
La contradicción fue evidente: en comisiones, el propio Javier Corral retiró la cláusula retroactiva por inconstitucional, pero ya en el pleno, el morenista Manuel Huerta la rescató y consiguió los votos suficientes para imponerla. Una maniobra legislativa que deja en entredicho no solo el respeto a la Carta Magna, sino también la seriedad del Congreso.
La oposición advirtió que con esta reforma el amparo pasa a ser un instrumento mutilado: ahora se protege al gobierno de los “abusos de los ciudadanos”, cuando siempre fue lo contrario, un escudo frente a los abusos del poder. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que este es un retroceso peligroso que coloca a México en la ruta de un Estado cada vez más autoritario.