En los tres casos, se denunció por parte del Partido Acción Nacional, que se realizaron reformas a las leyes vigentes para proteger de alguna manera a los gobernadores salientes de estos estados, en el caso de Chihuahua fue el atraso de la entrada en vigor de la ley de disciplina financiera, que obligaba el gobernador César Duarte, a pagar a proveedores tres meses antes del fin de su mandato.

Sin embargo, en conferencia de prensa encabezada por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República Salvador Sandoval, se anunció las acciones en contra de los legisladores de Quintana Roo y Veracruz, específicamente por «aprobar reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción”.

“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de Gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”, dijo Salvador Sandoval Silva.

Por su parte, Eduardo Sánchez dijo que “en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones; esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir”.

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