Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), reconoce el impacto que causó el crimen de Mariana y asegura que definitivamente es un asunto que realmente está haciendo historia dentro de la procuración de justicia con perspectiva de género.

Entre 2010 y 2016, organismos no gubernamentales, sociedad civil y una madre que exigió el esclarecimiento de la muerte de su hija y el amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima empujaron nuevas formas de hacer justicia en la entidad a mujeres asesinadas sólo por el hecho de ser mujeres.

En los cinco años recientes, el gobierno mexiquense, a contracorriente, construyó instrumentos legales y técnicas científicas en materia de procuración de justicia e investigación de muertes violentas de mujeres.

A raíz de la sentencia de la Corte en el caso de Mariana Lima, la administración estatal encabezada por Eruviel Ávila publicó el 30 de abril de 2015 los Lineamientos generales para la investigación de la privación violenta de la vida de una mujer.

Ahí se establece que todo homicidio doloso de mujeres y niñas debe ser investigado con perspectiva de género. Es responsabilidad del Ministerio Público, agentes ministeriales, peritos en criminalística y médicos legistas, entre otros servidores públicos, aportar elementos de prueba que lleven a un juez a concluir la existencia del tipo penal de feminicidio.

El feminicidio es cuando existe, efectivamente, la muerte violenta de una mujer a manos de un tercero y que dentro del contexto de su asesinato haya habido una situación de rol sexual; es decir, que la víctima haya perdido violentamente la vida a manos de un tercero por el hecho de ser mujer, explica García Espinoza.

Agrega que en el pasado quinquenio el gobierno estatal trabajó en la construcción de infraestructura y especialización de personal, preparado para la investigación de muertes violentas de mujeres; el resto es concluir cuál de estos homicidios fue cometido por situación de género, plantea la funcionaria.

La fiscal reconoce que no es fácil que un homicidio doloso de una mujer llegue a una sentencia por feminicidio. Hay veces que logramos acreditar la existencia de feminicido, y hay veces que el juez determina que no, comenta.

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