
EL reciente escándalo en el COBACH Plantel 2 dejó al descubierto no solo el descontrol de algunos estudiantes, sino la incapacidad institucional para asumir la realidad de lo que sucede dentro y fuera de sus aulas. Mientras la Dirección General corrió a desmentir rumores para “cuidar su honorabilidad”, los hechos hablaron más fuerte: armas blancas, vapeadores, pleitos con la policía y hasta una madre detenida. Difícil tapar el sol con un dedo cuando las navajas y cigarros electrónicos se pasean a la vista de todos.
Lo más grave es la postura de sus autoridades. Humberto de las Casas, director general, se atrevió a culpar a los medios de comunicación por difundir lo ocurrido, cuando en realidad su institución no ha querido reconocer que los estudiantes utilizan los pasillos como tiendita de vapeadores y los patios como ring de peleas. Es cómodo negar lo evidente, pero ¿de qué sirve aparentar pulcritud si la casa está ardiendo?
La lección que deja este episodio es clara: sin el rumor, nadie habría revisado mochilas ni descubierto navajas ni cigarros electrónicos. El rumor, que tanto despreciaron, fue lo que evitó quizá una tragedia mayor. Si COBACH se preocupa más por su “imagen” que por la seguridad de sus estudiantes, entonces estamos frente a un problema mucho más profundo: una institución que prefiere tapar el escándalo antes que enfrentar la podredumbre interna.
El verdadero reto no está en culpar a los medios, ni en negar que los jóvenes fuman, venden y pelean dentro del plantel. El reto está en asumir la realidad, aceptarla y combatirla con acciones serias, no con comunicados maquillados. Mientras eso no ocurra, el COBACH seguirá siendo sinónimo de rumores… pero rumores que tarde o temprano se convierten en noticias policiacas.

LO que debía ser un centro de rehabilitación, sigue convertido en un polvorín de violencia, corrupción y encubrimientos que hoy vuelve a poner en la mira al sistema penitenciario de Chihuahua.
Y es que el escándalo vuelve a sacudir al Cereso de Aquiles Serdán luego de que trascendiera que dos internos fueron brutalmente golpeados y violentados sexualmente con un objeto dentro del penal, siendo trasladados de urgencia al área médica para recibir atención.
De acuerdo con testimonios internos y personal, los responsables serían un grupo autodenominado La Empresa, liderados por un preso de nombre Ángel, quienes habrían dado la orden de agredir a los afectados tras encontrarles droga que supuestamente no pertenecía al área controlada por el comandante Berrotarán y sus subordinados.
Custodios y trabajadores del penal denuncian que los obligan a cargar con la culpa por el mal manejo de las autoridades penitenciarias, cuando en realidad se trata de una lucha interna por el control de drogas y privilegios al interior del Cereso. “No es posible que sigan sucediendo estas atrocidades y se intente silenciarlas”, señalaron.
Además, lanzaron un llamado urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a fondo lo sucedido, pues aseguran que no es la primera vez que ocurren hechos graves dentro del penal: desde supuestos suicidios hasta muertes inexplicables que jamás se esclarecen.

LO ocurrido en Ciudad Juárez es un retrato vergonzoso de la crisis moral y de control que vive la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Un agente desenfunda su arma, apunta contra sus propios vecinos en la colonia División del Norte, y cuando el 911 moviliza a la fuerza estatal, los uniformados simplemente se retiran al descubrir que el agresor era “uno de los suyos”. ¿Ese es el “profesionalismo” que presume el Estado? ¿Ese es el cuerpo que debe garantizar la seguridad de los chihuahuenses?
El silencio cómplice es todavía más brutal cuando se recuerda lo que apenas ocurrió en Chihuahua capital: un agente activo asesinó a una cadete de la SSPE en un hotel y después se suicidó. Ambos, como muchos agentes de Juárez, fueron obligados a viajar a la ciudad de Chihuahua para engrandecer el ego de Gil Loya en las celebraciones patrias, y todos los funcionarios dijeran: ‘Traer power mi secretario’.
¿Dónde estaba la institución antes de que pasara la tragedia? ¿Dónde están los filtros psicológicos, los controles de confianza, la supervisión interna? La respuesta es incómoda: no existen o se hacen de la vista gorda.
La SSPE parece más ocupada en fabricar propaganda con fotos, videos y discursos heroicos que en enfrentar su realidad tóxica y peligrosa: policías que terminan convertidos en amenaza pública, internos con armas y drogas, cadetes muertos, y un historial de abusos que se acumula como si nada. Y lo más grave: cuando se trata de señalar responsables, la corporación calla, encubre o hasta aplaude a los suyos.
Porque la verdad es clara: en Chihuahua la violencia no solo viene de la delincuencia, también viene de los que juran combatirla.
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