EL apoyo federal está encaminado a un candidato de Morena con la finalidad que el Estado de Chihuahua se vista de guinda en la próxima contienda electoral. No se trata de un hombre, como es el caso de Cruz Pérez Cuellar, quién tendrá que conformarse con otro puesto dentro del Movimiento, pues desde el centro del país ya palomearon a Andrea Chávez para ser su candidata a la gubernatura.
Ariadna Montiel Reyes, quién es la secretaria de Bienestar desde los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, es la encargada de bajar recursos económicos, y todos los involucrados con ello, ya fueron avisados que Andrea será la buena. Los que andan haciendo sus negocios como intermediarios de recursos en varios municipios señalan que la orden ya bajo, y ellos no les queda más que escuchar y obedecer.
Por lo tanto, de aquí para a adelante el nombre de Andrea Chávez estará en todos los rincones, tanto en encuestas con porcentajes que parecen diseñados para desalentar competencia, como mensajes claros: “no le busquen, aquí ya hay candidata”.
Sí, hoy Andrea encabeza mediciones, tendrá que luchar con lo más pesado: el jaloneo interno, las fracturas, los grupos que no aparecen en los sondeos pero sí pesan en las decisiones. Y en Chihuahua, Morena no es precisamente un club de la armonía.
Además, vender desde ahora la idea de que la elección del 2027 será un trámite para “sacar al PRIAN” es, por decir lo menos, optimismo adelantado.
EN el Instituto Chihuahuense de las Mujeres parece que alguien confundió el manual para combatir la violencia con el instructivo para practicarla… pero hacia adentro. Porque mientras el discurso oficial habla de erradicar abusos, proteger víctimas y construir espacios seguros, en el departamento jurídico del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres el ambiente laboral parece más bien una especie de laboratorio de lo que no se debe hacer.
Ahí, donde se supone que se defienden derechos, el personal jurídico lleva años viendo cómo esos mismos derechos se evaporan cuando se trata de su propio sueldo y condiciones laborales. A principios de año hubo aumento salarial para el personal de atención… para todos, menos para ellos. Sin explicación, sin argumento, sin siquiera el gesto simbólico de un “luego vemos”. Simplemente quedaron fuera, como si el área jurídica fuera un adorno opcional y no una pieza clave para atender a las mujeres que llegan buscando apoyo legal.
Pero el asunto no se queda en el sueldo congelado. La receta incluye amenazas constantes de despido, carga laboral creciente y un trato que, según quienes lo viven, raya en el hostigamiento. Lo curioso —por no decir trágicamente irónico— es que esa presión viene desde arriba: la dirección general, la coordinación ejecutiva, la administrativa y hasta recursos humanos. Mujeres dirigiendo una institución creada para combatir la violencia contra las mujeres… ejerciendo violencia laboral contra otras mujeres. Si fuera guion de comedia negra, nadie lo creería.
La cosa se vuelve todavía más surrealista cuando aparece el discurso político. La diputada local Joss Vega Vargas presumió que logró reasignar 8.3 millones de pesos del presupuesto para fortalecer el instituto. En el papel sonaba bien: más recursos, mejores condiciones, sueldos dignos para quienes llevan años atendiendo a víctimas. En la práctica, el dinero parece haber tomado otro camino, porque al área jurídica no le cayó ni una moneda del cambio.
Lo más incómodo es que muchos de esos trabajadores llevan entre siete y hasta dieciocho años en el puesto. Ocho años con el mismo sueldo, contratos que se renuevan cada tres meses —como si fueran empleados temporales en lugar de personal especializado— y sin prestaciones básicas como servicio médico. Precariedad institucionalizada, mientras los mandos altos y medios gozan de salarios mucho más generosos.
El problema tampoco es exclusivo de la capital. En Creel el personal terminó renunciando, harto de las mismas condiciones. En otros municipios, la historia se repite: centros de atención que sobreviven gracias a trabajadores que aguantan más por vocación que por las condiciones laborales.
Y ahí está la paradoja perfecta: un instituto creado para proteger a mujeres víctimas de violencia… donde quienes trabajan en primera línea también denuncian violencia laboral. Un organismo que habla de justicia, mientras su propio departamento jurídico pelea por algo tan básico como un aumento salarial que lleva años sin llegar.
Tal vez alguien en el Instituto debería recordar que combatir la violencia empieza por casa. Porque de lo contrario, el mensaje termina siendo brutalmente simple: puertas afuera se defienden derechos… y puertas adentro se archivan.
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