La Organización de la Naciones Unidas (ONU) determinó que hay fuertes indicios que 34 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sí fueron torturados.
Un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) indica que algunos de los estudiantes sufrieron tortura, detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos humanos que fueron encubiertas.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los normalistas de Ayotzinapa.
El reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, presentado por el representante en México del Alto Comisionado, Jan Jarab, indica que 34 de los jóvenes “presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”.
En el informe se aclaró que hasta el momento han sido detenidas y procesadas 129 personas y después de analizar 34 casos se determinó que hay “fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura”.
La versión de las autoridades mexicanas asegura que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías el 26 de septiembre de 2014 y fueron entregados al cártel criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los calcinaron, dejando sus restos en un basurero de Cocula, Guerrero.
Informe omite información importante: gobierno mexicano
La Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseveraron que el informe de la ONU no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación.
En un comunicado conjunto dijeron que estas cuestiones ya habían sido señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las cuales ya están siendo atendidas por las autoridades correspondientes.
También expresaron que “preocupa de manera especial” que el informe “arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”.
Las dependencias señalaron el caso está siendo revisado después de las medidas que les impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); además aseguraron que el informe omite información relevante y sus conclusiones no están correctamente sustentadas.
