Noticias de Chihuahua.- La Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua lamentan que en un estado gobernado por una mujer aumente la violencia de género contra las mujeres, y se normalice su violencia, así como la falta de acceso a la justicia.
Por ello, exigen justicia y la reparación del daño para la familia de la Doctora Massiel Mexía Medina.
Por medio de un comunicado señalaron que con este feminicidio perpretado el lunes 11 de julio del presente en la localidad de San Juanito, solo pone en evidencia, nuevamente, la inseguridad creciente que nos aqueja como sociedad, de la que tampoco escapa la zona serrana del estado de Chihuahua y que día a día ven con preocupación, pues esta aumenta y agrava las condiciones que nos impiden alcanzar una vida digna y el derecho al libre tránsito de toda la población en el estado.
“Chihuahua es una entidad alertada por violencia de género contra las mujeres en 5 de sus Municipios, alerta que debiera extenderse a todo el territorio estatal, pues además está como antecedente la sentencia caso González y otras conocido como Campo Algodonero, que a partir de los hechos a los que se refiere falta de diligencia del Estado mexicano, se ha venido evidenciando la sistematización y normalización de la violencia contra las mujeres, así como la falta de acceso a la justicia, no únicamente en nuestro estado sino en el país en general”, indicaron.
Señalaron también que el gremio médico también está vinculado con esta situación, ya que como lo señala la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida en agosto de 2021 las universidades del estado -como la UACJ y la UACH-, recibieron señalamientos específicos relacionados con el área de formación médica, por los vacíos legales y la falta de condiciones de seguridad para pasantes y residentes de diversas especialidades que, dentro de su servicio social, acuden a localidades sitiadas por el crimen organizado, lo cual pone en riesgo su integridad y su vida.
“Esta misma situación de indefensión la viven pasantes de enfermería, estomatología y del gremio de la educación. Por ello consideramos que es urgente tomar acciones para salvaguardar la seguridad de quienes acuden a servir a estas comunidades, misma que debe ser garantizada por el Estado mexicano, así mismo, las instituciones involucradas deben contar con guías de actuación y rutas críticas que prioricen el derecho a una vida libre de violencia. No podemos permitir que estos hechos queden impunes y que no se generen mecanismos de protección”, finalizan
