Un informe de Amnistía Internacional (AI) difundido este 2016, refirió que 100 mujeres recluidas en prisiones federales del país fueron entrevistadas, pues se dijeron víctimas de tortura u otros malos tratos como acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del Ejército y la Marina.

Según AI, 72 señaló haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Al menos 66 declararon que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones; Amnistía Internacional manifestó que no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de tales indagatorias.

El organismo abundó que las prácticas de tortura buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que las autoridades están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

El académico de la Universidad Panamericana, Carlos Lezama Fernández del Campo recordó que la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 33.7 de los hombres y 3.2% de las mujeres en reclusión federal aseguraron haberse declarado culpables de un delito por haber sido torturados (dentro de un universo que rondaba las 150 mil personas).

El documento, dijo, 54% de los encuestados fueron amenazados; 49% fueron amenazados con cargos falsos; 64% fueron insultados o humillados; y 57% fueron golpeados o sufrieron algún tipo de agresión desde la detención, como cachetadas, patadas, quemaduras, toques eléctricos, asfixia, ahogamiento o violencia sexual, las formas más comunes de tortura reportadas en el estudio.

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