HONDURAS.- Casi dos años después de llegar extraditado a Nueva York, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se sentará a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estadunidense que lo acusa de narcotráfico, tráfico, y posesión de armas, cargos que podrían suponerle cadena perpetua.
Hernández, de 55 años, quien hasta ahora ha clamado su inocencia, será juzgado en solitario en el tribunal federal sur de Manhattan después de que dos coacusados, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos «Tigre» Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández se declararon en los últimos días culpables de narcotráfico.
La fiscalía estadunidense acusa a Hernández, cuyo mandato se extendió de 2014 a 2022, de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, habría recibido «millones de dólares» de los cárteles de la droga, entre ellos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El dinero de la droga le sirvió para enriquecerse y «financiar su campaña política y cometer fraude electoral» en los comicios presidenciales de 2013 y 2017, asegura la acusación. De ser hallado culpable de los tres cargos que le imputa la fiscalía, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años, como su hermano Tony Hernández y su colaborador Geovanny Fuentes, quienes participaron en la misma red.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), JOH, acrónimo de su nombre con el que es conocido en Honduras, llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y en la lucha contra el crimen organizado.
«Detenía a personas que no tenían vínculos con él, pero protegía a otras», afirma el exagente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, Mikel Vigil.
El año pasado, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad y el funcionario de mayor rango mexicano en sentarse en un banquillo en Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, entre otros cargos, por un tribunal neoyorquino. El próximo 1 de marzo está previsto el anuncio de su condena. Implacables, las autoridades pretenden «desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadunidenses».