LA administración pública municipal debería ser ejemplo de servicio, transparencia y respeto hacia los trabajadores y la ciudadanía. Sin embargo, lo que ocurre en el área de Bienes Patrimoniales, bajo la sombra del licenciado Eduardo Heredia, refleja lo contrario: un espacio convertido en feudo familiar donde los lazos de sangre pesan más que la ética y la ley. Y es que dos sobrinas políticas ocupen puestos clave —una incluso como jefa— y se dedican más a presumir sus apellidos y amenazas que a trabajar. Las denuncias de empleados que señalan humillaciones, groserías y hasta la prohibición de activar protocolos contra violencia laboral son una señal clara de abuso de poder y protección institucional. Cuando un servidor público se escuda en “soy sobrina del jefe” para intimidar, el problema no es solo personal: es estructural y evidencia complicidad desde arriba. A Sin Pelos en la Lengua llega la denuncia que mientras se niega presupuesto para un comedor digno y se obliga a lavar trastes en baños, se acondicionan oficinas nuevas para la “familia real”. Mientras se habla de austeridad, se asegura que bienes del municipio se venden de manera irregular y que los trabajadores son usados para firmar cartas de recomendación al esposo ‘real’ para que lo contrataran en el DIF diciendo que es el sobrino del jefe. Y, por si fuera poco, toda la familia goza de vehículos oficiales.
Lo peor de este caso no es solo la corrupción y el nepotismo, sino la impunidad. Los empleados aseguran que han pedido ayuda a distintas autoridades, pero en todas encuentran la misma respuesta: “es la sobrina del licenciado”. ¿De qué sirven los reglamentos, protocolos y discursos de “cero tolerancia” si en la práctica la red de favores familiares puede más que la ley?
DESPUES de toda una vida de trabajar para el Magisterio chihuahuense, una maestra jubilada no puede acceder al pago de su pensión y la de su difunto esposo, porque el gerente del banco BBVA se niega a entregárselo. La denuncia ya la hicieron familiares de la trabajadora de la educación en retiro, en la cual acusan al gerente de la sucursal BBVA en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, de retener de manera ilegal el dinero correspondiente al pago mensual de la pensión de la mentora.
Aseguran que, luego de varios años de estar pagando su pensión por medio de dicho banco a la maestra jubilada y a su difunto esposo, también maestro, en una cuenta consolidada, ahora al banco le entró la duda de que pudiera haber algún mal manejo de la cuenta por parte de uno de los allegados a la familia de la docente, quien se ha hecho cargo de ella, ya que la mujer está declarada incapaz.
Legalmente este familiar fue nombrado administrador y encargado de la guardia y custodia de la titular de la cuenta, por lo que desde la firma desde del contrato con la institución bancaria este familiar aparecía nombrado como el que podía representarla y hacer manejo del dinero, aun así, el gerente de dicha sucursal no ha entregado el recurso económico para el sostenimiento de la maestra jubilada.
El caso fue llevado ante un juez de lo civil y se ordenó de manera inmediata al banco pagar el monto total del dinero que ha sido retenido, pero no hacen caso, y ahora van por una denuncia penal en contra del gerente por el delito de desacato.
Todo ello desprende una red de corrupción al interior de la institución bancaria, asegurando que existen otros casos similares.
TRAS las recientes denuncias de inseguridad dentro y fuera de los planteles escolares, salen a relucir nuevos casos alarmantes que ponen en evidencia la falta de control y vigilancia en instituciones educativas de la capital. En la Secundaria Técnica No. 29, alumnos y padres de familia han denunciado que a la salida del turno vespertino “cholos” esperan a los estudiantes para agredirlos. Pero lo peor ocurre dentro del mismo plantel, donde las peleas entre alumnos son constantes y, la semana pasada, una mujer ingresó para golpear brutalmente a dos alumnas sin que los directivos hicieran nada.
El problema no se limita a las secundarias. En el Colegio de Bachilleres, a plena hora de salida, un grupo de jóvenes externos atacó salvajemente a un estudiante en la parada del camión, amenazando a más alumnos con frases como “pónganse vergaxx, somos del barrio Topos 13”. El joven herido tuvo que ser trasladado a un hospital, mientras que sus compañeros, aterrados, corrieron a refugiarse en el transporte público que pasaba por la zona.
A pesar de la gravedad de los hechos, vecinos y estudiantes denunciaron que ninguna patrulla llegó al lugar. Los agresores continúan merodeando los alrededores, generando miedo y zozobra entre los adolescentes y padres de familia que exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto de manera urgente.
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