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ÚLTIMAMENTE como que se ha desatado una fiebre por la firma de convenios, firmitis convenuis agudus le llaman, que a veces parece más el afán de salir en la foto firmando un papel y mostrando el compromiso que a veces tienen hasta por ley, que otra cosa, sobre todo cuando vemos que son convenios que no vienen al caso. Para muestra el que firmaron el viernes pasado dos secretarías estatales, en este caso la Secretaría de Desarrollo Rural y la de Innovación y Desarrollo Económico para dar créditos a productores afectados por la sequía, como si no bastara con la orden de la gobernadora para hacerlo y ya, a menos que uno de esos secretarios se hubiera negado. O también el que signaron la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Municipal de Pensiones para el uso del Sistema de Gestión Documental, que si bien se trata de dos instancias diferentes, ambas provienen de gobiernos panistas, así que solo hacía falta que se pusieran de acuerdo y ya, comenzaran a trabajar en lo que muy seguramente ya estaban haciendo, pero no encontraban cómo hacerlo saber. También vimos la famosa firma por parte de Fonacot y la Coparmex nada menos que para cumplir algo que les marca la ley desde hace muchos años como lo es el darles acceso a créditos Fonacot a quienes laboran en las empresas afiliadas a la cámara empresarial, como si estos trabajadores fueran diferentes. Otro convenio que llamó la atención fue el que firmaron los titulares de la Secretaría de Educación y Deporte, del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua y del Instituto Estatal Electoral, para la utilización de 2 mil 120 planteles educativos en el proceso electoral actual, cuando eso ha sucedido toda la vida. A menos que se hubiera firmado también hace muchos años otro convenio y haya terminado justo este año y para usar las escuelas para capacitara los funcionarios de casilla y luego instalar las casillas, se hubiera requerido un nuevo convenio, o era, una vez más, solo el afán de aparecer en los medios de comunicación.

PUES aquí tiene que le llegó una denuncia a la Secretaria Anticorrupcion por andar de corruptos. La denuncia es contra de Jocabed Portillo, quien en el momento de los hechos fungía como titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a Claudia Angélica Charles Silva (Coordinadora Administrativa) y Dania Yolanda Pérez (Directora Jurídica).

Aquí la misma:

  1. Con o sin atribuciones, dieron de baja a la C. Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, a quien después de correrla la hicieron firmar un contrato de renuncia voluntaria, lo que entonces si bien mediante amenazas y acoso la convencieron a firmar dicho acuerdo el día 26 de noviembre de 2021, pero siendo corrida el 09 de noviembre de 2021.
    2. De lo anterior se desprende que fue utilizado el poder o encargo de la entonces titular de la dependencia, Jocabed Portillo, asistida por Claudia Charles como coordinadora administrativa, encargada de administrar los recursos humanos, financieros y materiales; así como por la Directora Jurídica Dania Yolanda Pérez, quien tiene bajo su encargo los temas jurídicos de la dependencia y quien, sabedora de la ley, permitió y apoyo la acción. Entonces, la titular utilizo su puesto, poder y facultades que tenía y las que no también para presionar a la Ciudadana a firmar una renuncia voluntaria.
    3.De manera adicional, la titular de la dependencia, Jocabed Portillo, extendió un pago indebido a la C. Nancy Josefina Escárcega pues, después de que conto con una «renuncia voluntaria», esta destino, asistida por Claudia Angélica Charles, un pago de indemnización por $174, 517.89 (ciento setenta y cuatro mil quinientos diecisiete pesos) por concepto de FINIQUITO, esto pues de una renuncia voluntaria no es aplicable el pago de liquidaciones de ley, es decir, de un finiquito corresponde al empleador el pago únicamente de los montos de salarios adeudados, así como el pago de proporcionales de las prestaciones con que contaba como lo pueden ser aguinaldos, primas vacacionales, etc.

Es así como entonces la titular de la dependencia realizo pagos muy superiores a la C. Nancy Escárcega pues no solo pago proporcionales sino una cantidad muy superior a la misma y que, dada la naturaleza de la dependencia, esta solo puede realizar lo que por ley se establece (derecho público) y el haber decidido realizar un pago superior es ir mas allá de la ley, ya sea buscando un

En sí, se malversaron fondos y se violaron los principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, economía y honradez en el gasto del recurso público.

Es doblemente reprobable que un ente ANTICORRUPCION sea quien realizara estas acciones tan lamentables y que después se quejen en sesiones de que no tienen presupuesto… pues claro por usarlo sin diligencia.

La fuente de esta información es publica pues se origina de la solicitud de acceso a la información 082149721000071, obtenida casi a la fuerza mediante un recurso de revisión ante el ICHITAIP (ICHITAIP/RR-30/2022), y que tambien consta bajo el oficio SESEA/UT/RR/056/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023.

Cabe mencionar que de los hechos que puedan constituir otros delitos a la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General del Estado, lo anterior bajo la coyuntura de que es obligación de todo servidor público denunciar cualquier delito del que tenga conocimiento.

SERIA un disparate decir que la exdirigente estatal del Partido Verde, María Ávila Serna, hoy delegada política nacional del estado de la Coordinación Nacional de Vinculación con el Sector Agropecuario del partido Movimiento Ciudadano (MC), ni esta “palomeada”.

Su corrupto nombre está en la lista de las que tienen que ser elegidas para ser magistrada de la Primera Sala Civil Regional.

Todo a pesar que fue de las peores candidatas en los exámenes, y que es la única que no ejerce carrera jurídica, pero al ser cuestionado sobre su integración en las ternas para el Tribunal Superior de Justicia, el diputado panista Alfredo Chávez negó hoy que represente la propuesta oficial.

A pesar que María Ávila fue la peor en el desempeño de las comparecencias, continua en la lista reducida para contener ese puesto, pero a pregunta expresa al diputado panista indicó, «no hay propuesta de la gobernadora, sino que es parte de una terna, y será el Congreso el que decida, yo no le puedo decir ahorita quien va a ser magistrado, porque debe someterse al pleno».

Al preguntarle en que se basó la Comisión especial de selección, de la que es parte, para integrar a la ex dirigente del Partido Verde afirmó que los aspirantes “evidentemente fueron durante cuestionados por las fuerzas parlamentarias de este Congreso, casi como un examen oral se pudiera decir, pero yo no sé quién va a quedar, pero lo que te puedo decir es que fue un proceso a la luz pública, y no sucede como en otros lados donde el gobernador es el que manda las ternas”.

Convencido de que “todos coinciden que el proceso es constitucional y que no viola ninguna garantía individual o algún derecho humano”, invitó a la gente a ver las comparecencias de los aspirantes en el sitio oficial del Congreso en YouTube, que en el caso de la comparecencia de Ávila inicia a partir del minuto 1:36:17 al 2:14:01.

 

 

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