EN el turbio caso de la liberación del hermano de la magistrada Nancy Escarcega, acusado de secuestro y cuñado del diputado Francisco Sánchez, por parte del juez Juan Carlos Erives, la discusión pública se ha centrado, con razón, en la posible culpabilidad, el tráfico de influencias y los datos irregulares.
Más allá de la culpabilidad penal individual, que deberá ser determinada por las instancias correspondientes, la raíz de este mal se encuentra en esos enfermizos pactos de origen entre partidos que se profesan rivales. En los círculos rojos y entre quienes le entienden a las tenebras del quehacer político, la solución no pasa solo por castigar al culpable, sino por romper de tajo con el acuerdo no escrito entre Movimiento Ciudadano y el PAN.
Francisco Sánchez (MC) y Alfredo Chávez, se entienden a grado que siempre negocian, y como prueba de amor fue poner a de la esposa del legislador, Nancy Escarcega, a magistrada del Tribunal de Disciplina. Hoy, esa misma designación huele a moneda de cambio y explica, con una lógica perversa pero innegable, la sospechosa y oportuna liberación de su hermano. La transacción política tiene consecuencias, y esta podría ser una de ellas: la justicia como botín de una coalición incómoda.
Desde Palacio de Gobierno lo saben, hay consternación. Saben que cometieron un error estratégico al pactar con lo que muchos dentro de su propio círculo consideran “el diablo”. No es casualidad que la fuerte reacción mediática contra este escándalo haya sido, según se comenta en los pasillos, operada desde las oficinas del segundo piso en un intento por limpiar sus manos y distanciarse del fuego cruzado.
El caso Erives-Escarcega-Sánchez es solo la punta del iceberg. Es el recordatorio de que cuando la gobernabilidad se sustenta en acuerdos que contradicen los principios y el sentido común, el primer damnificado es el sistema de justicia y, en última instancia, los ciudadanos. La Gobernadora tiene una encrucijada: seguir tolerando el costo de una alianza venenosa o romperla, asumiendo las consecuencias políticas, pero recuperando algo de la integridad perdida.
CUANDO la institución designada para combatir la corrupción se convierte en su principal bal(D)uarte, la sociedad se encuentra ante una de las más peligrosas y cínicas perversiones del poder. Este es el escenario que hoy define a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín, un funcionario cuya trayectoria no es la de un servidor público, sino la de un operador político al servicio de los intereses que juró combatir.
Ya lo dijeron en la reciente Cumbre de Fiscales Anticorrupción, donde Valenzuela fue el hazme ir al ser señalado como el ejemplo de lo que no debe ser un ministerio público, exponiendo su verdadero rol: el de un simulador que actúa por consigna, protegiendo las redes de impunidad que han saqueado a Chihuahua, en lugar de desmantelarlas.
El perfil de Valenzuela desnuda el mecanismo de la impunidad. Su tránsito de exdiputado del PAN a candidato y luego a fiscal, impuesto en diciembre de 2022 por el PAN y el PRI, es un manual de cómo se corrompe la justicia. No llegó por méritos profesionales, sino como la pieza clave de un acuerdo cupular para blindar al poder. Su nombramiento no buscaba limpiar el estado, sino controlar y weaponizar la fiscalía contra los enemigos políticos de la nueva élite gobernante.
Pero la farsa no se limita a los despachos oficiales. Recientemente, la credibilidad de Valenzuela se desplomó hasta los niveles de un karaoke desafinado cuando fue visto en un bochornoso espectáculo en un bar ochentero del Periférico de la Juventud. Ahí, lejos de revisar expedientes, el fiscal fue captado echando karaoke y alcohol mientras entonaba una de María José: “No soy una señora de una conducta intachable en la vida. No soy una señora. Luchando y perdiendo la guerra que se hace en mi vida…Oh, no…Oh, no”. Quién le seguía su ritmo de una época que, como su ética, quedó en el pasado, era el mismísimo principal abogado de César Duarte, quién se hacía acompañar por un sequito de ñoras y andaba más pedo que José José en ayunas. Ambos junto con otros ridículos del momento, pasaban el tiempo, como la Puerta de Alcalá. El espectáculo bochornoso de un fiscal que debería estar trabajando, no haciendo el ridículo en compañía de los operadores jurídicos de la corrupción que dice combatir, ocurrió el fin de semana pasado.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, no solo traiciona su encargo, sino que envía un mensaje cínico a la ciudadanía: la justicia es una fiesta a la que solo están invitados los mismos de siempre. Su labor no es investigar la corrupción heredada, sino garantizar, entre baile y baile, que nunca toque a los actuales beneficiarios.
EN CONCLUSIÓN: La Fiscalía Anticorrupción se ha erigido en el brazo ejecutor de una contrarreforma que busca reinstalar el viejo régimen de impunidad. Por ello, no es exagerado afirmar que Abelardo Valenzuela no es un fiscal; es el síntoma de la enfermedad que pretende curar. Su permanencia en el cargo, y sus patéticas piruetas en bares de dudoso gusto, confirman que en Chihuahua la justicia no solo ha sido secuestrada, sino que ahora, además, no tiene ritmo.
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