ULISES Pacheco Rodríguez, director de Derechos Humanos y Antisoborno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se ha convertido en el ejemplo perfecto del doble discurso. Mientras exige ética y transparencia, él mismo se pasea entre dos nóminas, dos intereses y un solo cinismo.
Desde su oficina en la SSPE, Pacheco presume ser guardián de los valores públicos, pero en los hechos, es también presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez. En horario laboral, se le ha visto en eventos partidistas, promocionando a su grupo político bajo el amparo del sueldo que paga el erario.
Un doble rol que no solo raya en el conflicto de interés, sino que exhibe cómo la moral pública se acomoda a conveniencia del funcionario pues en horario laboral realiza actividades partidistas, acompañado de tres funcionarias que también cobran del erario: Margarita Domínguez Reyes, María del Rocío de la Fuente y Monserrat Nigthe Pérez Ezquivel. Todas sonrientes, todas panistas, todas usando tiempo y recursos públicos para fines políticos. El clásico caso del “haz lo que digo, no lo que hago”.
El problema no es solo la hipocresía, sino el descaro. Pacheco tuvo el atrevimiento de exigir a otros que renunciaran a su cargo en Gobierno para formar parte del partido, cuando él mismo sigue bien sentado en su oficina de la SSPE, cuidando su salario y su influencia. Una joya de incongruencia que ni los guionistas de “La Rosa de Guadalupe” se atreverían a escribir.
Los panistas de base no lo dicen abiertamente, pero lo piensan: o son funcionarios de medio tiempo o panistas de medio tiempo, porque de compromiso completo no tienen nada. Y si la gobernadora Maru Campos no toma cartas en el asunto, este “divo del hueso” podría ser otro lastre que arrastre la imagen de su administración al mismo abismo de cinismo en el que ya se revolcan muchos.
CIUDAD Juárez volvió a ser usada como escaparate de la Presidencia, esta vez bajo la reluciente campaña del Buen Fin, ese espectáculo anual donde el consumismo se disfraza de patriotismo y los descuentos son tan reales como las promesas políticas en tiempos electorales. Con el eslogan “Si en Juárez compramos, todos ganamos”, el Gobierno federal pretende convencernos de que comprar es casi un acto heroico, una cruzada nacionalista contra Amazon y las tiendas gringas.
Pero en realidad, los que de verdad ganan no son “todos”, sino los mismos de siempre: las grandes cadenas que ya tienen asegurado su lugar en la feria de los descuentos. Mientras tanto, los pequeños comerciantes juarenses —esos que sí luchan por mantener vivo el corazón económico de la frontera— se enfrentan a créditos imposibles, al acoso fiscal y a una economía que no perdona. El Buen Fin no es para ellos: es un respiro mediático para el Gobierno y una cortina de humo para aparentar crecimiento.
Resulta irónico que desde Palacio Nacional se presuma el “beneficio local” mientras en Juárez los negocios siguen cerrando por inseguridad, por extorsiones y por la falta de apoyo real. Comprar en México no es el problema, es a quién le compramos y quién se lleva el verdadero beneficio.
Así que no nos vendan el cuento del “todos ganamos”. En Juárez, como en casi todo el país, los que siempre pagan la cuenta son los mismos: los ciudadanos.
EL caso del secuestrador con “semilibertad de fin de semana” no solo exhibe un error judicial: revela una grieta profunda en la confianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia en Chihuahua. La decisión del juez Juan Carlos Erives Fuentes, al permitir que Édgar Hernán —hermano de una magistrada— pudiera dormir en su casa cinco días a la semana, es un insulto a las víctimas, una burla al sistema y un espejo de los privilegios que algunos disfrutan mientras otros purgan condenas completas sin apellidos influyentes que los respalden.
El diputado morenista Pedro Torres Estrada tiene razón al exigir explicaciones al fiscal César Jáuregui. Pero la exigencia no debe quedarse en una conferencia ni en declaraciones políticamente correctas. Este caso huele a tráfico de influencias y a un poder judicial que opera con doble moral: severo con los pobres, indulgente con los cercanos al poder. La justicia no puede tener horario ni parentesco, y mucho menos debe doblarse por vínculos familiares dentro del propio aparato judicial.
Lo más grave es que esta resolución se dio tras la “renovación” del Poder Judicial, un proceso que se vendió como garantía de limpieza y transparencia.
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