LO ocurrido con los autos “chocolates” no es un simple tropiezo administrativo: es otro capítulo del desorden institucional que siempre termina cobrando la factura al ciudadano común. Miles de personas hicieron lo que el propio gobierno les pidió: pagar, entregar papeles, formarse, confiar. A cambio, recibieron un portazo burocrático y la noticia de que el programa se cerró sin importar que hubiera trámites en curso. Cumplieron, pero el sistema no.
La explicación oficial —fallas técnicas, falta de materiales, plataformas que se apagaron— suena conocida y hasta gastada. Siempre hay un pretexto listo cuando el Estado falla, pero nunca hay responsables claros ni consecuencias. El resultado es el mismo de siempre: familias atrapadas en un limbo legal, con dinero ya entregado y vehículos que siguen siendo “ilegales” por errores que no les corresponden.
Ahora, la salida que se ofrece es el amparo. No como derecho garantizado, sino como salvavidas con costo y con reloj en cuenta regresiva. Pagar otra vez, correr contra el tiempo y confiar —otra vez— en que ahora sí la ley responderá. Es legal, sí. Pero también es profundamente injusto que la única alternativa para corregir una falla gubernamental sea cargarle más presión, más gastos y más estrés a quien ya cumplió. De los alrededor de 18 mil automóviles que no lograron completar el trámite en todo el país, casi la mitad se concentran en Chihuahua, una cifra que refleja la magnitud del problema en la entidad.
El problema se arrastró durante meses y golpeó con mayor fuerza a municipios como Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Casas Grandes, donde cientos de trámites quedaron inconclusos sin que hubiera una solución oportuna por parte de la autoridad federal. El cierre definitivo del programa terminó por sellar el abandono institucional de estos casos.
La única salida planteada ahora es la vía legal. Onapafa anunció acompañamiento mediante amparos individuales, no colectivos, lo que implica más trámites y un nuevo desembolso económico para quienes ya pagaron una vez. Solo podrán acceder quienes demuestren haber iniciado el proceso dentro del plazo legal, trasladando nuevamente la carga al ciudadano y no a la autoridad que falló.
CON más de 20 actividades de diversos rubros, el municipio de Guachochi le apuesta a un Calendario 2026 de eventos turísticos.
Todo está planeado del 20 de febrero al 20 de diciembre, pero los pobladores del pueblo mágico se sienten abandonados por las autoridades en el ámbito de seguridad, o como se explica las balaceras que duran cuatro horas y ninguna autoridad llega a tiempo.
Las víctimas han sido un niño de apenas 2 años y un hombre que se desempeñaba como maestro, ajenos a estos disturbios. Los ‘topones’ que dejan vehículos incendiados y más de 400 casquillos percutidos de armas de fuego de grueso calibre.
El alcalde José Miguel Yáñez sabe que no puede aportar nada en seguridad, y que para eso tiene al Estado y Federación, pero los operativos no se llevan con cotidianidad y los hechos sangrientos se siguen presentado, pero Pepe Yáñez ya anda degustando la trucha.
Entre las actividades más emblematicas del municipio destacó el Ultramaratón de los Cañones, y que tendrá lugar del 2 al 5 de julio.
Resaltó que el año pasado se tuvo más de 118 mil visitantes con una derrama económica de más de 171 millones de pesos, por lo que esperan superarlo para lo que dijo cuentan con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a fin de garantizar a la ciudadanía la constante presencia y vigilancia durante toda la programación. ¡Ajá!
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