Ha resguardado Gobierno a 116 menores migrantes no acompañados

Chihuahua.- Durante los primeros 5 meses de 2019, tan solo en Juárez se debió atender a más de 800 personas en migración; urge Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal definir roles de coparticipación de cada nivel de gobierno para enfrentar la crisis

El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, César Enrique Juárez, externó que ante las numerosas caravanas de migrantes que han cruzado  la entidad durante este año, es necesario definir las corresponsabilidades de cada uno de los tres niveles de gobierno.

Lo anterior como parte de su exposición en el Encuentro Nacional de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes desarrollado en Ciudad de México, y encabezado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En ese sentido ahondó en que de enero a mayo de 2019, Chihuahua ha atendido a 116 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales 39 quedaron bajo resguardo del DIF Estatal, y 77 a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Agregó que el Gobierno del Estado ha hecho esfuerzos extraordinarios a través de sus diversas dependencias, para garantizar los derechos de los diferentes grupos etarios quienes dejaron sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida.

Frente a esta crisis migratoria en la entidad -dijo- fue necesario habilitar un gimnasio, en una preparatoria de Juárez, como albergue para más de 800 personas de las cuales 247 eran menores de edad en compañías de sus respectivas familias.

César Enrique Juárez comentó que todo ello ha tenido la coparticipación de organizaciones de la sociedad civil, e instituciones religiosas dedicadas a la protección de la infancia y la migración como México mi Hogar; Casa del Migrante; Santa María; Agua Viva; Casa Eudes, y Nueva Vida.

Sin embargo, señaló que es necesario y de extrema urgencia, aplicar y reforzar la corresponsabilidad gubernamental y la política social, ante la “situación migratoria, mediante el impulso de mecanismos de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que viajan, ya sea solos o en compañía de sus familias”.

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