Ciudad de México— La Cámara de Diputados no pudo justificar las actividades y la necesidad de tener a casi 5 mil empleados por honorarios y de confianza administrativos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tampoco, dijo, logró demostrar los criterios para decidir los sueldos de ese personal en San Lázaro.
Así lo reporta la ASF en los resultados de auditoría a la Cuenta Pública del 2017, año que corresponde a la pasada Legislatura, en la que el PRI era mayoría y tomaba las decisiones administrativas.
La auditoría señala que se revisó la partida 1210 «Honorarios Asimilables a Salarios» por un monto de mil 286 millones de pesos del presupuesto total de la Cámara baja.
En el análisis se buscó comprobar la prestación de servicios de 4 mil 090 personas contratadas por honorarios vinculadas a los grupos parlamentarios y al quehacer legislativo, y otras 739 con actividades en áreas administrativas, un total de 4 mil 829 empleados.
Para ello, se solicitó a la Cámara que proporcionara, conforme a la cláusula octava de los contratos de los prestadores de servicios, los informes periódicos, estudios y/o investigaciones que debieron llevar a cabo con los titulares de las áreas.
Sin embargo, advierte la ASF, dicha información no fue facilitada.
«Cabe señalar que las actividades por desarrollar e informar por parte de los prestadores de servicios contratados no se mencionan en los instrumentos contractuales celebrados, ya que éstas se indican de manera muy general.
«Con base en lo anterior, no fue posible constatar las actividades realizadas por los prestadores de servicios, ni tampoco comprobar que las mismas eran necesarias para el desarrollo de los trabajos de los Grupos Parlamentarios, o bien, del quehacer legislativo y de las áreas administrativas», detalla el dictamen de auditoría.
