EN Parral, pocos entienden por qué los hermanos del presidente municipal, Salvador Calderón, tienen tanto peso político y operativo dentro del Ayuntamiento. Nadie los eligió, nadie los nombró oficialmente, pero todos saben que mandan. Su presencia constante en las oficinas municipales y su intervención en decisiones clave han generado una mezcla de temor, hartazgo y desconfianza entre funcionarios y empleados que ya no pueden disimular su molestia.
El rumor más persistente apunta al tráfico de influencias. Se les acusa de manejar contratos, intervenir en licitaciones y mover recursos a su conveniencia, aprovechando los lazos familiares con el alcalde. La reciente renuncia de una directora, precisamente en un área donde circula dinero público, refuerza la sospecha de que algo huele mal en el círculo cercano de “Chava” Calderón.
Fuentes internas aseguran que los hermanos entran y salen del Palacio Municipal como si fuera su propiedad, dan órdenes, reprenden a personal y se inmiscuyen en asuntos que deberían ser exclusivos de los funcionarios públicos.
El resultado de este poder paralelo es un gabinete desmoralizado, dividido y cada vez más débil. Algunos funcionarios ya planean su salida, otros actúan con miedo, y los que quedan lo hacen sin rumbo. Lo que debería ser una administración sólida se ha convertido en un terreno minado por intereses personales, lealtades rotas y decisiones impuestas desde fuera de la estructura formal del gobierno.
Pero lo más grave no es el abuso de poder de los hermanos, sino la pasividad del propio alcalde. Salvador Calderón parece no escuchar a nadie, mientras las renuncias se acumulan y la inconformidad crece. En política, el silencio también es una forma de complicidad, y en Parral, ese silencio ya suena demasiado fuerte.
La ciudadanía no votó por un clan familiar, votó por un gobierno. Y cuando los lazos de sangre se anteponen al servicio público, lo que termina herido no es solo un Ayuntamiento, sino la confianza misma en la autoridad.
EN Matamoros, Chihuahua, la seguridad pública parece estar en manos de quienes menos merecen portar una placa. La denuncia dirigida a las autoridades del Estado no solo exhibe presuntas irregularidades en la Dirección de Seguridad Pública, sino que revela el profundo deterioro ético y operativo que corroe las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Y es qué de acuerdo con la denuncia, el actual director de Seguridad Pública, Raúl Esparza, habría reprobado los exámenes de confianza en el C-3, un requisito indispensable para cualquier mando policiaco. Pero lejos de asumir las consecuencias, el funcionario supuestamente optó por el camino de la corrupción, y soltó un dinero “para el jefazo”.
La acusación es clara: comprar la confianza que no se gana con honestidad.
El documento también menciona que la licencia colectiva con la que opera el director sería apócrifa, y que ni siquiera aparece como comandante registrado en el sistema estatal. Esto no solo representa una burla a los procedimientos oficiales, sino una amenaza directa a la legalidad.
El último comandante reconocido oficialmente está preso por homicidio, lo cual pinta un panorama sombrío: en Matamoros, la corrupción y el crimen parecen entrelazarse en el mismo escritorio.