MUCHOS creyeron que con la salida de Raúl García Ruiz del ICHIFE terminaría el reparto del organismo como botín familiar. Pero apenas se movió de silla, ahora desde Recaudación de Rentas de Ciudad Juárez, dejó bien amarrado lo suyo: las cafeterías del Colegio de Bachilleres, que terminaron en manos de su círculo cercano y generaron millones que levantaron cejas dentro y fuera del instituto.
Ese jugoso negocio llamó la atención del nuevo jefe, Luis Iván Ortega Ornelas, quien llegó al cargo con un historial que ya olía a problemas desde su paso por la Universidad Tecnológica de Paquimé. Investigaciones internas lo traían bajo la lupa por sus vínculos con figuras de dudosa fama en la región de Casas Grandes, pero aun así lo colocaron al frente de la infraestructura educativa del estado.
Una vez instalado, Ortega Ornelas pidió números: cuántas secundarias estaban sin cafetería, cuántas obras faltaban, cuánto dinero había disponible. La respuesta le abrió el apetito. Ordenó construirlas de inmediato, pero a los contratistas les puso una condición: un “ajuste” económico por fuera, una cantidad que, según versiones internas, suma varios millones de pesos que ya están en movimiento.
Mientras afuera se presume mejora educativa, adentro el negocio corre como antes, solo que con un nuevo operador. El ICHIFE cambió de manos, pero no de costumbres. Aquí nadie pierde; solo se reparten el turno.
LA Comisión de Administración del Poder Judicial decidió voltear hacia la Escuela Judicial solo para simular que todo marcha en orden. No es casualidad: la designación de Alfonso Cardona como director provisional fue el pago de un favor previo, una jugada que garantiza horas clase para Eduardo Gómez y su círculo cercano.
Durante años, el INFORAJ ha sido dominio exclusivo de exjueces, familiares de magistrados, parejas, compadres y políticos bien conectados. El área, que antes operaba con cinco personas, hoy carga una nómina multiplicada más de veinte veces, con salarios que alcanzan hasta los setenta mil pesos. Nada nuevo en un Poder Judicial acostumbrado a proteger a los mismos de siempre. El propio Cardona arrastra señalamientos por su cercanía con Manque Granados y por prácticas como venta de títulos y entrega indiscriminada de constancias junto a su exjefe Ever Díaz.
Ahora, con su repentino ascenso, Cardona tiene control sobre la selección de maestros encargados de capacitar a funcionarios judiciales. Y ya es evidente quiénes serán los favorecidos: el grupo que recibirá un aguinaldo disfrazado de horas clase, sin transparencia ni rendición de cuentas. Su primera acción como líder fue correr a una funcionaria de nivel medio para proteger a Emilio Loya, quien terminó acomodado como subdirector del instituto pese a que su salida ya estaba programada en Recursos Humanos.
Lo más revelador es que tanto Cardona como Loya están en calidad de interinos, pero actúan como si su permanencia estuviera garantizada. En el Poder Judicial, los interinatos suelen ser la antesala de la consolidación de privilegios, no una medida temporal. Y este caso encaja perfectamente en esa tradición.
LA historia explotó cuando se difundió el video donde el regidor morenista Miguel Riggs aparece encarando a golpes a un ciudadano en el estacionamiento de Alsuper Universidad, soltando el ya famoso “sígueme hijo de tu pinchy madre”. Pero según él, la realidad es otra: asegura que tres personas lo siguieron sin razón y que uno de ellos, identificado como un tal licenciado Ricardo Iván L., empleado de Obras Públicas del Estado y expersonaje juvenil del PRI, se plantó frente a su camioneta para insultarlo sin aviso alguno.
Riggs insiste en que no hubo choque, roce, discusión ni maniobra vial previa. Nada. Que simplemente lo querían provocar. Y que mientras el video del estallido se hizo viral por todos lados, nadie mostró el contexto que, según él, demuestra que caminó y caminó sin que existieran golpes ni agresiones mayores.
Con dramatismo calculado, el regidor acusó que los medios se fueron por el morbo del video y dejaron fuera lo que realmente importaba: la “corrupción que los prianistas ocultan”, mencionando como ejemplo los cuarenta millones gastados en la gaza de Teófilo Borunda y Juventud y otros episodios que, según él, quedan sepultados bajo la espuma del escándalo.
Riggs asegura que la atención mediática está puesta en la frase viral, no en los personajes que —dice— lo persiguieron ni en la misteriosa presencia de un funcionario estatal ligado al viejo PRI en un arranque que huele más a operación política que a pleito de estacionamiento.
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