Imponen medida cautelar a Maru y ex diputados

Chihuahua, Chih.- El juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, encargado de la causa 2821/2020, resolvió esta madrugada que la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia C., y los exdiputados Rodrigo D.R, y María A.S., se realizará el próximo martes 30 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana.

Lo anterior, luego de la lectura de cargos por parte del Ministerio Público en la audiencia de imputación que inició el jueves 25 al mediodía con la lectura de todos los cargos por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público solicitó como medida cautelar, que cada uno de los acusados se presenten cada mes ante el juez correspondiente, dejar una garantía económica por el dinero desviado, no salir del estado, además de no reunirse con testigos protegidos o personas relacionados con el caso de la “nómina secreta” en el expediente 2821/2020.

La medida solicitada es discutida en el Juzgado de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La defensa de la alcaldesa con licencia María Eugenia C, y María A, y Rodrigo D.R., solicitó a su vez, la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para presentarse en la audiencia de vinculación o no a proceso.

María Eugenia C., como diputada local del PAN, en la legislatura local 2013-2016, es acusada de recibir indebidamente 9 millones de pesos del erario estatal durante los años 2014, 2015 y 2016.

Rodrigo D.R., del PRI, es acusado de recibir para su beneficio personal, 2.5 millones de pesos; en tanto que María A.S., del Partido Verde Ecologista de México, está acusada de recibir 3.8 millones pesos, como cohecho que recibieron por apoyar las iniciativas y la deuda estatal promovidas por el exgobernador de Chihuahua que se encuentra preso en una cárcel federal de Miami, Florida, en espera de su extradición.

El Ministerio Público señaló que existen diversas propiedades de los ahora imputados, para establecer que cuentan con una garantía ante los tribunales, para responder por el dinero desviado.

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