El antagonismo entre ambos políticos durante años complicó el proceso de entrega-recepción del gobierno en estos cuatro meses de transición, también obstaculizada desde el palacio de gobierno y el comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que interpuso varios juicios para impugnar las elecciones del 5 de junio, los cuales se resolvieron en septiembre pasado con el fallo definitivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El gobernador César Duarte, con apoyo de la mayoría priísta y sus aliados en el Congreso local, obtuvo un último financiamiento de 6 mil millones de pesos, modificó la Constitución local para crear el Consejo Estatal de la Judicatura, integrado por magistrados afines a él, y dejó programados los recursos federales que recibirá el estado para el ejercicio fiscal 2017, primer año de los cinco que gobernará Corral.

Las maniobras legales y políticas de Duarte lograron su cometido: en vísperas de asumir la administración, ni el panista ni su equipo de transición han podido hacer un diagnóstico de las condiciones en que recibirán el estado.

Corral programó la presentación pública de la evaluación para el primero de octubre, pero se vio obligado a diferirla 30 días tras anunciar que llevará a cabo una auditoría mayúscula en todas las áreas del gobierno por el estado de desastre encontrado, incluida la quiebra financiera.

Gustavo Madero, ex dirigente del Partido Acción Nacional y coordinador del equipo de transición de Corral, dijo estar preocupado por las lagunas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que obliga a la administración a pagar pasivos a corto plazo, pero no aborda las deudas con proveedores, cuyo monto desconoce el gobernador entrante.

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