HAY quienes parecen convencidos de que siempre tienen la razón y que, por ocupar un cargo público, nadie puede cuestionarlos. Ese es el señalamiento que ahora alcanza a la diputada local Leticia Ortega Máynez, contra quien ciudadanos impulsan un juicio político por presuntas irregularidades y una supuesta violación a derechos humanos.
El Poder Legislativo ya recibió un escrito en el que se documentan los señalamientos contra la legisladora, con argumentos y hechos que, de acuerdo con los promoventes, deberían ser analizados formalmente para determinar si existe responsabilidad.
La ironía que destacan los inconformes es que Ortega Máynez ha hecho de la defensa contra la discriminación, la violencia digital y otras formas de agresión una de sus principales banderas, mientras que ahora enfrenta precisamente acusaciones relacionadas con ese tipo de conductas.
Uno de los casos que detonó el reclamo involucra a Saharet Mendoza, conductora del programa “Alza la voz con Saha”, quien señala a la diputada por presunta violencia digital. De acuerdo con la denuncia, se habrían difundido en redes sociales fotografías de la también activista, situación que —sostiene— la habría expuesto a posibles agresiones.
A esto se suman grabaciones en las que presuntamente quedaron registrados gritos y confrontaciones de la legisladora hacia Mendoza, material que ahora forma parte de los señalamientos realizados en su contra.
La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿las reglas que una diputada exige para los demás también deben aplicarse cuando los cuestionamientos llegan hasta ella?
El Congreso tendrá ahora que revisar el expediente y determinar si existen elementos suficientes para proceder. Porque nadie, por muy poderosa que sea su posición política o por muy convencido que esté de tener la razón, debería considerarse intocable cuando existen señalamientos formales sobre posibles abusos y violaciones a derechos humanos.
“HAY que pelear contra Morena, no contra los de casa”, decía hace apenas dos meses la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez.
El problema es que, en los hechos, parece que la propia dirigente terminó haciendo exactamente lo contrario.
Mientras llama a la militancia a guardar la calma y habla de unidad, panistas cuestionan que ni siquiera haya podido concretar una mesa municipal en Chihuahua capital con los aspirantes que buscan competir en el proceso interno. La pregunta comienza a repetirse entre la militancia: ¿dónde está la dirigente y por qué no interviene para poner orden?
Lo que debía ser diálogo, respeto y construcción de acuerdos se está convirtiendo, según reclamos de panistas de cepa, en una disputa interna donde los intereses y preferencias personales estarían pesando más que la unidad del partido.
Y ahí aparece la contradicción: mientras se pide cerrar filas para evitar que Morena llegue al poder en Chihuahua, son los propios grupos panistas los que terminan enfrentados.
Militantes inconformes incluso plantean la necesidad de que Álvarez deje la dirigencia estatal y sea sustituida por alguien capaz de conducir al PAN con equilibrio, diálogo y autoridad, sin beneficiar —afirman— a amigos, allegados o grupos, sino a los perfiles más competitivos.
Porque si el enemigo político está afuera, la dirigencia debería estar construyendo puentes adentro. De lo contrario, la frase de “no pelear contra los de casa” podría terminar siendo la gran contradicción de la propia presidenta estatal.
El PAN necesita liderazgo. Y la militancia comienza a preguntar si actualmente lo tiene.