Noticias de Chihuahua.- Ante las acusaciones en los últimos días de al menos dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DSPM, por violencia intrafamiliar, el titular de la corporación Julio Cesar Salas dijo hoy que se han tomado ya las previsiones que ameriten los casos, para que se investiguen y se proceda en consecuencia.
Primero fue el policía Marco Antonio G.S. señalado por golpear a su mujer y ser protegido por uno de sus propios compañeros Miguel Ángel V.M, y días después se señaló también el elemento Germán F. de hacer lo mismo con su esposa, y ser protegido ahora por la coordinador del Distrito Diana Alba Nidia G.P, por lo que el comisario Salas dijo que se ha iniciado ya la investigación pertinente por estos delitos de violencia.
“Nosotros hemos sido muy tajantes (al decir que) toda aquella persona sea compañero dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que ejerza violencia en contra de su pareja o en esas situaciones, tajante es la instrucción de separarlo de su cargo y ponerlo a disposición ante la Comisión de Honor y justicia, al órgano interno de control”, señaló este lunes en entrevista.
Si bien dijo que no se tiene “ninguna denuncia hasta ahorita por parte de la persona” afectada, en este caso las esposas de los elementos, “nosotros iniciamos la investigación para pasársela al área que corresponda, estamos tomando cartas en el asunto”.
Sin embargo, al tratarse de un delito que se persigue de oficio no es necesario que exista una denuncia, y de acuerdo con el Artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua “a quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad,
afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a erradicar la violencia familiar”.