CHIHUAHUA está en el vergonzoso top ten en denuncias por delitos de servidores públicos, y quienes presumen mano dura, control y discursos de seguridad, son quienes están al frente de las dependencias más señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos.
Se trata de la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por César Jáuregui, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), bajo el mando de Gilberto Loya, quienes se auto proclaman y usan sus puestos para hacer proselitismo anticipado como aspirantes a un presidente municipal, y gobernador, respectivamente.
Y es que de acuerdo con los registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la FGE acumuló 250 quejas, posicionándose en el primer lugar estatal. No muy lejos, la SSPE sumó 46 inconformidades, mismas que se agregan a las 46 del Sistema Penitenciario Estatal, áreas directamente vinculadas con el discurso de “seguridad y orden” que ambos funcionarios presumen.
El reporte general revela que se recibieron 992 quejas locales y 99 federales, además de miles de gestiones y asesorías, lo que pinta un panorama poco alentador para las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Las cifras no solo exhiben fallas estructurales, sino que ponen bajo la lupa a quienes hoy se presentan como líderes en seguridad y posibles candidatos. Porque una cosa es prometer justicia en campaña y otra muy distinta cargar con expedientes de quejas mientras se gobierna.
CHIHUAHUA CON MÁS DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL POR DLEITOS DE SUS SERVIDORES PUBLICOS
La entidad gobernada por la panista María Eugenia Campos se mantiene entre las entidades con más denuncias por delitos cometidos por servidores públicos durante el actual sexenio, de acuerdo con el informe “Delitos cometidos por servidores públicos en México”, elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con 565 denuncias durante lo que va del actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, Chihuahua se ubica entre los diez estados con mayor numero de denuncias, por debajo de estados como la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, entre otros.
Destaca que tan solo en un año y casi cuatro meses de lo que va del actual sexenio, se rebasen ya los 500 casos, sin contar los que pudieran haberse dado en los tres años y 23 días que llevaba Campos gobernando la entidad, antes de que Sheinbaum iniciara su gestión.
A nivel nacional, el informe advierte un repunte en 2025, con más de 19 mil denuncias registradas en todo el país, lo que representó un incremento respecto al año anterior, aumento que, además, rompió con dos años consecutivos de relativa estabilidad y volvió a poner el tema de la corrupción y los abusos de autoridad en el ojo público.
El estudio subraya que la concentración de denuncias se da principalmente en entidades con mayor población, y que el incremento de denuncias refleja, por un lado, una mayor visibilidad de estas conductas y, por otro, la persistencia de prácticas irregulares dentro del servicio público, aun cuando el discurso sea otro.
NI el plomo, ni la Guardia Nacional, ni la tecnología de “última generación” y muchos millones de pesos lograron detenerlos. Las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua captaron con claridad el momento en que sicarios huyeron tranquilamente tras un enfrentamiento armado con elementos federales en el acceso a Parral, justo donde termina la carretera corta, en el carril de Maturana.
El tiroteo dejó personas heridas, pero lo verdaderamente escandaloso vino después: varias camionetas con hombres armados entraron y salieron de la ciudad como si desfilaran en pasarela, a plena vista de las cámaras estatales. Circularon por zonas de alto flujo, con comercios, gasolinera y vigilancia fija, especialmente en el sector de la Puerta del Tiempo, para luego tomar rumbo hacia Durango sin que nadie los molestara.
Las imágenes muestran lo evidente: los vieron todos. Es una intersección amplia, estratégica, imposible de perder de vista. A lo largo del cruce de Independencia con Luis Donaldo Colosio hay negocios perfectamente identificables y, como testigo mudo, el monumento a Francisco Villa. Ni con caballo y pistola pudo hacer algo ante la desfachatez de los delincuentes y la inutilidad de unas cámaras que, se supone, están para blindar la seguridad.
La Plataforma Centinela grabó, observó y dejó ir. Los sicarios entraron por Parral, se enfrentaron a la autoridad y salieron como si hubieran ido por refrescos, todo bajo la mirada electrónica de un sistema que presume ser escudo, pero que en la práctica funciona como espectador de primera fila.
La pregunta queda flotando entre balazos, monumentos y cámaras carísimas:
¿Para qué quieren las cámaras, si cuando más se necesitan solo sirven para ver cómo se les escapan?