EN medio del proceso para elegir jueces en Chihuahua, la expectativa ciudadana apunta a que la justicia debe estar en manos de personas con preparación jurídica, ética profesional y compromiso real con el derecho. Pero en el municipio de Jiménez, esa expectativa se ve vulnerada por una operación política que favorece intereses personales, redes partidistas y lealtades heredadas.
Los nombres de Andrea Miroslava Chaparro y Rafael Sánchez Martínez, aspirantes a jueza civil mixta y juez penal, respectivamente, han sido promovidos por Olga Montoya y Jesús Manuel Vázquez Medina “Chalmita”, figuras de Movimiento Ciudadano con trayectorias electorales, pero sin logros institucionales tangibles.
Sin estar en la boleta electoral de este año, intentan colarse por la puerta trasera del poder colocando a sus fichas en el sistema judicial.
En el caso de Chaparro Valencia, su cercanía familiar con “Chalmita” y su militancia panista configuran un claro conflicto de interés. Su cédula profesional fue expedida hace apenas dos años, sin evidencia de experiencia significativa en litigio o funciones judiciales.
Rafael Sánchez Martínez, por su parte, fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura cuando era actuario en el Juzgado de Control de Jiménez, debido a graves irregularidades en diligencias judiciales.
Su regreso al proceso actual no es consecuencia de una reivindicación profesional, sino del amparo que le permitió suspender su sanción. Difícil confiar justicia a quien arrastra inestabilidad jurídica.
Pero el conflicto no se limita a los aspirantes. Montoya y Vázquez Medina han buscado respaldo político en el presidente municipal de Jiménez, Francisco “Pancho” Muñoz Velázquez, de Morena, quien ha intervenido activamente a favor de Sánchez Martínez, utilizando recursos y estructura del Ayuntamiento para presionar a subordinados en beneficio del candidato.
Peor aún: se ha denunciado el uso de grupos internos de WhatsApp y de la estructura de Morena para promover esta imposición. Esta no es una estrategia electoral, sino una violación constitucional y un acto de corrupción que contamina la autonomía del Poder Judicial.
De consolidarse este escenario, no solo se pervierte el nuevo modelo de selección judicial, sino que se consuma el secuestro institucional del Poder Judicial por intereses locales y partidistas.
LOS legisladores federales andan muy sentidos por qué no fueron invitados a Baborígame
Al senador del Partido Acción Nacional Mario Vázquez como el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional Alejandro Domínguez, no les llegó invitación al evento que celebró el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad.
Aun cuando ni siquiera la gobernadora del Estado María Eugenia Campos estuvo presente, supuestamente por un tema técnico, los legisladores se quejaron de no haber sido invitados a la entrega de títulos de propiedad que la presidente realizó en la comunidad del municipio de Guadalupe y Calvo.
Primero fue Vázquez quien además de decir que no fue invitado al evento, aseguró que “solo fue una visita de paso, con fines propagandísticos. Una foto más para el álbum del poder”.
Luego Domínguez explicó que “no hubo una invitación abierta, yo soy diputado federal y nunca he sido invitado a un evento de la presidenta, se respeta, pero también hay que señalar la falta de atención en ese tema”, dijo en entrevista.
LA Feria de Santa Rita ha sido todo un caso este año. La venta de alcohol ha estado a todo lo que da, al igual que las riñas El evento familiar ya quedó en el olvido.
Así mismo en los bares poco o nada les importa vender alcohol a los menores de edad, pero solo un solo establecimiento ha sido clausurado de ‘a mentís’, y todo continua como si nada.
Dentro del recinto ferial de Santa Rita 2025 los menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, ya sea en el interior o en los bares, Nice y la Mezcala.