PANISTAS de la capital y de distintos municipios del estado preparan su traslado a Ciudad Juárez para arropar a Marco Bonilla en un acto que busca proyectar fuerza política en la frontera, territorio gobernado por Morena.
La cita está programada para las 5 de la tarde de mañana sábado, en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, a un costado de la Catedral, donde Bonilla rendirá protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.
El encuentro representa uno de los actos políticos más relevantes del PAN en Chihuahua, con un mensaje que busca trascender las fronteras del estado: disputar presencia, organización y respaldo ciudadano en una ciudad clave para Morena.
Pero el ambiente político también está marcado por versiones sobre posibles intentos de boicotear el evento por parte de simpatizantes de Morena. Según las versiones que circulan, habría indicaciones para evitar confrontaciones, ante el riesgo de que cualquier incidente termine convertido en un argumento político para los panistas.
Por ello, la apuesta es realizar una concentración sin enfrentamientos, aunque la expectativa estará puesta en la capacidad de convocatoria del PAN y en la respuesta que genere un acto que busca enviar un mensaje político desde el corazón de Ciudad Juárez.
AÚN son solo cuatro custodios quienes enfrentan un proceso penal por la muerte y presunta tortura de un interno del Cereso de Chihuahua, mientras investigaciones avanzan en el sentido que otros funcionarios penitenciarios también señalados no han sido investigados con el mismo rigor.
El caso comienza a levantar cuestionamientos sobre el alcance de las investigaciones y las posibles responsabilidades dentro del sistema penitenciario. La familia de uno de los procesados sostiene que no se puede concentrar toda la responsabilidad en los cuatro trabajadores sin esclarecer qué ocurrió desde el ingreso del interno hasta los hechos que terminaron con su vida.
Mónica Cortés, madre de uno de los custodios, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento y pidió que las indagatorias alcancen a todos los servidores públicos que pudieron tener intervención. Su reclamo apunta al comandante Berroterán, mando operativo del Cereso, quien, según la versión de la familia, habría sido requerido para comparecer, pero no acudió.
Así mismo se cuestiona que otros funcionarios penitenciarios no enfrenten las consecuencias similares pues están protegidos por el subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta.
Y es que los cuatro procesados tenían como función trasladar a 13 reos desde los tribunales hasta el centro penitenciario. La defensa sostiene que durante las audiencias se presentó documentación relacionada con la recepción del grupo y la cadena de custodia. Además que existen videos de actuaciones del personal penitenciario que, a su juicio, deben revisarse para esclarecer lo sucedido después del ingreso del interno.
De que existen posibles omisiones que deben investigarse, no hay dudas.
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