EL alcalde Jesús Valenciano amaneció con ganas de aplausos y decidió autoproclamarse “el mejor presidente municipal del país”. ¿Su prueba? Una encuesta tan dudosa que hasta especialistas y actores políticos sospechan que la consiguió en una rebaja de Shein, porque ni metodología, ni muestra, ni fechas, ni responsable tiene. Solo apareció en sus páginas amigas y perfiles que viven de aplaudirle.
Mientras tanto, desde el gobierno municipal se aferraron al argumento de que ese ranking refleja avances en obra y atención ciudadana, como si repetirlo muchas veces lo volviera real. Los opositores no compraron el cuento y exigieron que publiquen todo el estudio completo, cosa que evidentemente no pasará porque la transparencia no es parte del guion.
Se comenta que esta “auto-coronación” huele más a maniobra preventiva que a logro verdadero. Valenciano no quiere quedarse sin hueso cuando termine su mandato, y la vitrina política que debe llenar está repleta de pendientes que pesan más que cualquier encuesta improvisada.
Al final, la encuesta podrá ser de papel reciclado, pero el mensaje político es claro: Valenciano anda desesperado por inflar números, imagen y futuro, aunque sea con rankings que no aguantan ni dos preguntas serias. Una cosa es quererse… y otra es querer engañar a todo un municipio.
LO que para muchos representa un golpe directo a la autonomía hídrica de Chihuahua, para la Federación sería la ruta para imponer un control absoluto sobre el agua, limitando el acceso y sometiendo a los productores y comunidades a un esquema centralizado que los dejaría vulnerables ante cuotas y restricciones dictadas desde el centro del país.
Productores, especialistas y sectores sociales coinciden en que el modelo planteado obligaría al estado a “pedir permiso” para usar su propia agua, un retroceso que, según ellos, pega en la soberanía regional y en quienes dependen del recurso para sostener la economía agrícola y pecuaria.
Frente a la creciente inconformidad, el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Ramón Alcántar, salió ayer a tratar de enfriar los ánimos. Aseguró que la reforma no afectará ni a agricultores ni a ganaderos y que se mantiene intacto el vínculo legal entre tierra y volumen de agua asignado.
Explicó que el mecanismo de transmisión pasará a llamarse reasignación de volumen, pero afirmó que este cambio no complica los procesos de compra-venta o herencia de terrenos con concesión, pues elimina trámites relacionados con la disponibilidad de acuíferos y da “mayor claridad jurídica”.
Añadió que el nuevo Registro Nacional del Agua seguirá siendo abierto para cualquier ciudadano, pese al cambio de nombre, y negó que la reforma criminalice al campo como han advertido sectores políticos. Según Alcántar, las sanciones reforzadas se enfocan únicamente en frenar el comercio ilegal de agua y el mercado clandestino, y los productores podrán seguir combinando actividades agrícolas y pecuarias sin nuevos obstáculos.
Aun así, persiste la duda entre quienes ven en la reforma un intento por absorber la administración del agua desde la Federación y dejar a Chihuahua bajo un modelo que podría dictar quién usa el recurso, cuánto y bajo qué condiciones.
EL Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) continúa sin meter las manos en el caso de Javier Tapia Santoyo, su funcionario relacionado con el desvío de recursos; además de que ha ocultado su enriquecimiento.
Desde hace un mes, dicho funcionario del IPN e ISSSTE había sido denunciado por delitos como fraude y tráfico de influencias, entre otros, pero también callaron.
Tapia Santoyo, al frente de la Secretaría de Administración del IPN, otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos al llamado Cártel de la Limpieza. Mientras eso pasaba, en el ISSSTE, también hizo sus tranzas, pues al ser tesorero habría otorgado recursos para insumos médicos a varias empresas fantasma con contratos por mil 613 millones de pesos. Toda una fichita al igual que sus paleros del ISSSTE e IPN.